Los tratadistas  e la guerra sostienen que a la hora de evaluar el estatus del enemigo son tres los elementos que deben analizarse primordialmente: nivel de peligrosidad del modus operandi, móviles de su accionar y escenario de la confrontación.

 

Si se aplica dicha premisa a lo que el gobierno Santos dio en llamar como “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim) y que luego rebautizó como “bandas criminales”, habría que decir que el Estado se enfrenta aquí a un enemigo complejo y duro de derrotar.

 

En primer lugar es evidente que el nivel de peligrosidad de las Bacrim es muy alto y va más allá del ‘paro armado’ que el llamado ‘Clan Úsuga’- la más fuerte de las bandas criminales-  promovió a comienzos de este mes, afectando a regiones de siete departamentos, con acciones de intimidación a la población civil, ataques terroristas y hostigamientos o atentados directos a la Fuerza Pública, que dejaron casi una decena de policías y militares asesinados.

 

Lo cierto es que un informe de la Defensoría del Pueblo conocido esta semana confirma que las Bacrim son un problema mayúsculo. El Sistema de Alertas Tempranas identificó la presencia del llamado ‘Clan Úsuga’ en 22 departamentos, entre los que se cuentan Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander y Valle del Cauca. También operan en zonas urbanas de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y el Valle de Aburrá.

 

Pero la Defensoría no se queda sólo en el caso del ‘Clan Úsuga’. El Sistema de Alertas Tempranas advierte que hay otras tres estructuras de “grupos posdesmovilizados”, que corresponden a reductos de ‘Los Rastrojos’ en 16 departamentos, ‘Libertadores del Vichada’ y ‘Bloque Meta’ en otros 3 y ‘La Empresa’ en 1. Es decir que Bacrim, como tal, existen en gran parte del país.

 

Muchos golpes, pero…

 

El nivel de peligrosidad de las Bacrim también se evidencia en cuántos golpes les han dado las autoridades sin que por ello su accionar violento e ilegal haya disminuido sustancialmente.

 

Según la Fiscalía entre 2013 y 2015 las operaciones contra estas estructuras armadas permitieron la identificación de líderes y mandos medios así como la captura de 10 mil integrantes. Una cifra alarmante toda vez que se calcula que las Farc tienen unos 8.000 hombres-arma y el Eln alrededor de 2.500.

 

A su turno, esta semana el presidente Santos ha dado varios partes sobre lo que ha sido ese combate contra las bandas criminales y, en especial, el ‘Clan Úsuga’.

 

Al término del Consejo de Seguridad el jueves en Medellín, reportó que desde el denominado ‘paro armado’ han sido capturados más de 120 miembros del ‘Clan Úsuga’ y varios de sus cabecillas, entre ellos alias ‘Ñato’, ‘Muelas’ y ‘Chatarrero’.

 

Indicó que, por ejemplo, ese día se había desarticulado en Guarne (Antioquia), la organización de ‘Los Cachorros’ y se capturaron 45 personas dedicadas al homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión, todos ellos subcontratados por el ‘Clan Úsuga’. También reportó otras 19 capturas en Yarumal, al tiempo que informó que cuatro presuntos responsables de la muerte de policías dentro del llamado del ‘plan pistola’ habían caído en poder de las autoridades esta semana.

 

A ello se suma que el lunes, tras la reunión del Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales, el Presidente indicó que durante su Gobierno han sido “neutralizados (dados de baja o capturados) 20 mil miembros de estas bandas criminales. Entre ellos 48 de sus jefes, como ‘Megateo’, ‘Giovanny’  (hermano del máximo cabecilla ‘Otoniel’), ‘Pijarvey’, ‘Puntilla’, ‘Lorenzo’, ‘Guagua’ y, el más reciente, ‘Negro Andrés’.

 

También se informó que en lo que va corrido de este año (sin contar las capturas en Antioquia del jueves pasado y otros operativos)  ya habían sido “neutralizados 728 miembros de estas organizaciones.

 

En cuanto al combate al narcotráfico y la minería ilegal, principales fuentes de financiación de las Bacrim, Santos dijo que durante este Gobierno se han incautado más de mil toneladas de cocaína, 2.460 kilos de heroína y 1.830 toneladas de marihuana, al tiempo que se han erradicado manualmente 139.000 hectáreas de sembradíos ilícitos.

 

Con respecto a la minería ilegal, se han intervenido más de 5 mil minas explotadas ilegalmente y capturado a 9.587 personas por esta actividad.

 

Pese a todo ello, es claro que las Bacrim continúan operando en muchas regiones y si bien no hay un cálculo aproximado de sus posibles integrantes, algunos analistas sostienen que podrían ser entre  5.000 y 15.000.

 

Lo cierto es que, según la Defensoría, de las 58 situaciones de riesgo advertidas el año pasado por posibles vulneraciones a los derechos humanos asociadas a los grupos armados ilegales, estas organizaciones posdesmovilizadas o bandas criminales, eran protagonistas de 51, es decir el 88 por ciento.

 

Móviles de fondo

 

Establecido ya que las Bacrim tienen un alto nivel de peligrosidad, el segundo elemento a analizar son sus móviles.

 

Las bandas criminales no aparecieron por ‘generación espontánea’, sino que, en realidad, tienen un origen que mezcla elementos fácilmente reconocibles. De un lado, hay una gran presencia entre sus cabecillas e integrantes de grupos paramilitares no desmovilizados durante el gobierno Uribe o de reinsertados que volvieron a reincidir en la vida criminal. El propio ‘Otoniel’, por ejemplo, hizo parte muchos años atrás del EPL, una guerrilla que se desarmó a comienzos de 1991.

 

Un segundo origen visible de las Bacrim está relacionado con los rezagos de los carteles de la droga que han sido desmantelados por las autoridades, como los de Cali, Medellín, el Norte del Valle, la Costa o varios de los Llanos Orientales. Muchos de los lugartenientes y terceros al mando de esas narcoestructuras, hoy son cabecillas de Bacrim.

 

En tercer lugar, las autoridades han identificado que las bandas criminales fueron cooptadas o fusionadas con varias de las llamadas ‘oficinas de cobro’ en ciertas regiones del país. Es decir, estructuras sicariales y de narcotráfico que se alquilan al mejor postor, siendo la principal la llamada ‘Oficina de Envigado’, que pese a múltiples golpes de las autoridades contra sus cabecillas, lugartenientes y miembros de base, se recicla con impresionante velocidad.

 

Y, por último, las bandas criminales han concentrado su accionar en ‘reclutar’ pandillas, ‘combos’ y organizaciones criminales locales, con el fin de ampliar sus redes de control a actividades de microtráfico, extorsión, robo de vehículos, contrabando, secuestro, sicariato y otra amplia gama de delitos. Más que llegar a un municipio o sector a ‘colonizar’ y pelear a sangre y fuego por el dominio ‘territorial’, muchas Bacrim lo que hacen es ‘enrolar’ dentro de sus estructuras a las organizaciones delincuenciales del área respectiva. Es más, en varias regiones se ha comprobado que hay bandas criminales que se asocian con frentes de las Farc y el Eln para negocios de narcotráfico en distintas escalas.

 

Visto lo anterior, puede concluirse, entonces, que las bandas criminales tienen un móvil típicamente delincuencial y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, a medida que el Estado ha aumentado  operativos para desmantelarlas y puesto en la mira a sus cabecillas, ofreciendo millonarias recompensas, las Bacrim han buscado presionar algún tipo de salida política para su judicialización flexible y desarme negociado.

 

Para ello han tratado de presentarse como grupos ‘neoparamilitares’ a los que, al estilo de las autodefensas durante el gobierno Uribe, hay que ofrecerles una ley marco de desmovilización como Justicia y Paz. No en vano el ‘Clan Úsuga’, antes llamado de los ‘Urabeños’, se autodenomina ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, en  tanto que las que operan en los Llanos dicen ser el “Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia” (Erpac).

 

En ese orden de ideas, si bien los jefes de estas bandas aspiran a que les reconozca estatus político, en realidad lo que buscan es un marco legal flexible, tipo Justicia y Paz, que les permita desarmarse y pagar, si es el caso, muy pocos años de cárcel pese a múltiples y graves delitos. De paso, obviamente, se blindarían contra el riesgo de extradición y largas condenas en EU que, al final de cuentas, terminaron siendo el castigo más grave contra la cúpula de las Autodefensas que se desmovilizó durante el gobierno Uribe.

 

Inclusive, se sabe que durante la Fiscalía de Eduardo Montealegre hubo acercamientos entre abogados de algunos cabecillas de las Bacrim con el ente acusador, en busca de formular un marco legal que permitiera un sometimiento flexible a la justicia. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo al respecto. Hasta de un proyecto de ley al respecto se alcanzó a hablar.

 

La Habana, telón de fondo

 

Está visto que las bandas criminales creen que entre más peligrosidad evidencien, entonces mayor presión tendrá el Estado para buscarles una salida rápida.

 

Es obvio, igualmente, que ‘Otoniel’ y compañía tienen como telón de fondo el proceso de paz con las Farc, en donde el marco de justicia transicional pactado permite que los cabecillas y guerrilleros acusados de delitos graves no paguen cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y no reinciden. Guardadas las proporciones, las Bacrim parecen querer un modelo similar. Incluso ya hay algunos analistas que han planteado que por tratarse de grupos que tienen que ver “directa o indirectamente” con el conflicto, podrían ser procesados por la justicia transicional y comparecer ante el Tribunal Especial de Paz.

 

Para ese objetivo la coyuntura es clave, ya que en estos momentos precisamente se discute en la Mesa de Negociación de La Habana el punto “3” de la agenda, referido al “fin del conflicto” y dentro de este uno de los subpuntos hace referencia específicamente al desmonte del paramilitarismo.

 

Esa causalidad es tan evidente que esta semana se dio una polémica alrededor de este tema, ya que mientras el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que ya no existía paramilitarismo sino bandas criminales, desde La Habana alias ‘Iván Márquez’ le replicó de inmediato que entonces qué era el ‘Clan Úsuga’, por qué la dimensión tan alta de su ‘paro armado’ y la racha de asesinatos de líderes de izquierda y movimientos sociales.

 

Lo cierto es que las Farc han utilizado este pico violento de las bandas criminales para ponerlo como excusa y no acceder a un desarme rápido, como lo pide el Gobierno. La guerrilla afirma a cada tanto que quiere hacer política sin armas pero que para ello sus dirigentes tienen que estar vivos. Paso seguido señala que las Bacrim son una amenaza para los futuros desmovilizados y para la propia implementación del proceso de paz.  

 

A ello se suma que es urgente definir el estatus de las víctimas de las Bacrim, ya que mientras estas últimas continúen siendo consideradas como bandas criminales o emergentes, los afectados por sus acciones no clasifican como parte de la población civil afectada por el conflicto y, por lo tanto, no pueden ser reparados ni indemnizados por la Ley respectiva.

 

Combatir y combatir

Vistos claramente los móviles de las Bacrim y su principal objetivo, también es evidente  que, a la luz de lo advertido por el Gobierno, es muy complicado que se les pueda conceder ese marco penal flexible.

 

El propio presidente Santos recalcó al comienzo de esta semana que no habrá ningún tipo de estatus político para las bandas criminales y que la única alternativa que tienen los miembros de estas estructuras delincuenciales es el sometimiento a la justicia.

 

“Reiterarles a los integrantes de estas organizaciones criminales y a sus redes de apoyo: el único, óigase bien, el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia, o enfrentar la contundencia, el rigor de la acción del Estado”, recalcó el Jefe de Estado.

 

Posición que también comparte el hoy fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, quien en un debate semanas atrás, denominado “Escenarios de lucha contra las Bacrim en el posconflicto: ¿Desmovilización o sometimiento?”, aseguró que estas bandas no son un fenómeno político armado sino delincuencial, y que el reto del Estado es combatir los mercados ilegales de narcotráfico, minería ilegal, sicariato y contrabando, de cara al posconflicto.

 

“El desafío es identificar y combatir las nuevas economías ilegales que surgen de las mutaciones que dan origen a redes criminales que actúan y se especializan. Un ejemplo de esto, además del microtráfico y la minería ilegal, es la tala de árboles en algunas regiones, que ha empezado a formar parte de una nueva economía ilegal”, aseguró.

 

Dijo que la Fiscalía había lanzado un Plan de Priorización mediante el cual la entidad busca intervenir seis zonas del país afectadas por la impunidad y los delitos de alto impacto para la población, con miras a cerrarle el paso a estructuras armadas que puedan surgir, a raíz del posconflicto.

 

¿Entonces?

Probado que las Bacrim son un enemigo con un alto nivel de peligrosidad y, también,  que no se les va a dar ningún tipo de estatus político al ser sus móviles típicamente delictivos, entonces es necesario entrar a analizar cuál es el consecuente escenario de la confrontación a esta amenaza.

 

El Gobierno ya anunció que redoblará el combate a las Bacrim, en especial al ‘Clan Úsuga’. Esto último no sólo porque sabe que si captura o abate a ‘Otoniel’ y sigue neutralizando cabecillas de alto, bajo y medio nivel, así como deteniendo a miembros de base, las otras estructuras ilegales entenderán que no le pueden ganar este pulso al Estado y podrían pensar en un sometimiento a la justicia como única alternativa viable.

 

Para ello esta semana se elevó a $3.000 millones la recompensa por ‘Otoniel’, al tiempo que se fortaleció el “bloque de búsqueda” anti-Bacrim, se creó un Puesto de Mando Unificado y se presentará un proyecto de ley para redoblar la lucha contra la minería criminal.

 

Una política que tiene, como es apenas obvio, un mensaje directo a las Farc en La Habana, para que no sigan poniendo excusas al desarme y las reglas del juego para el cese el fuego y de hostilidades.

 

Como se ve, el fenómeno de las Bacrim es muy complejo y no puede tratarse de forma aislada ni marcadamente diferencial del proceso de paz.

 

Las bandas, en conclusión, son un enemigo muy peligroso para el Estado, el orden público, la ciudadanía y el propio proceso de paz. De allí que cada vez sean más las voces que piden que se les dé un tratamiento de ‘zanahoria y garrote’. El problema es que mucho va de la teoría a la práctica.