Una luz al final del túnel se vio ayer para lograr el sometimiento a la justicia de las bandas criminales en el país, después de que el Gobierno nacional radicara en el Congreso un proyecto de ley que ofrece algunos beneficios a los integrantes de estas estructuras. La iniciativa les ofrece a cambio una reducción del 40% en la pena y la posibilidad de conservar el 5% de los bienes obtenidos de forma ilegal, máximo hasta  2.500 salarios mínimos, esto de acuerdo a la reciente reforma a la ley de extinción de dominio.

La iniciativa que fue presentada al Parlamento por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, hace la diferenciación de las bandas criminales entre  “Grupos Armados Organizados” (GAO) y “Grupos Delictivos Organizados” (GDO).

El proyecto de ley señala que se entenderá por GAO aquellos que tengan una estructura de mando, que controlen una zona del territorio, lo cual les permita cometer operaciones militares de cierto impacto más allá de meros disturbios. Así mismo, se entiende por GDO aquel integrado por mínimo tres personas concertadas para cometer delitos graves como el tráfico de armas, narcotráfico o la trata de personas.

Para obtener los beneficios de rebaja de pena y conservar una pequeña parte de los  bienes que han obtenido en su accionar criminal, el proyecto exige que los grupos, en el terreno de combate se sometan de “manera eficaz” y que en plano judicial elijan la vía de la “sentencia anticipada”.

Dentro de aportes concretos que deben hacer los grupos están una serie de requisitos como la entrega del armamento en caso de poseer información completa sobre su área de influencia, actividad delincuencial, el listado general y detallado de cada uno de sus miembros, y uno particular sobre los menores de edad integrantes  así como el informe de los bienes.

De igual forma, la iniciativa de norma exige a las bandas criminales que se sometan a la justicia  revelar las redes de apoyo en que el grupo se soporta, esto es testaferros, rutas de narcotráfico, socios y demás aliados criminales. El proyecto además señala que la extradición queda en pie, ningún miembro sometido quedará blindado de frente a esa posibilidad.

Etapas

El proyecto de ley fija tres etapas para el sometimiento de las bandas criminales a la justicia, la primera de las cuales son los “acercamientos” a cargo del Gobierno nacional. En esta un delegado será enlace con los grupos que manifiesten interés, este les informará sobre los beneficios y consecuencias del proceso de sujeción a la justicia, tras lo cual los delincuentes deberán firmar una serie de actas individuales en las que se comprometen a aceptar los delitos que cometieron, a no reincidir en estos y a hacer entrega de “todos los elementos ilícitos en su poder”.

La primera etapa prevé para el proceso de desmovilización que cada grupo se ubique en unas “zonas de reunión”, que tendrán carácter  temporal. En dichas zonas y por el tiempo que se dan las reuniones de acercamiento no podrán ejecutarse las órdenes de captura aunque “si alguna persona decide dejar las zonas de reunión y tuviere orden de captura suspendida, esta será reactivada y materializada inmediatamente”, advierte el proyecto.

La segunda se denomina “etapa de judicialización” en la cual la Fiscalía recibirá el compendio de información recaudada por el Gobierno sobre cada grupo así como cada una de las actas de sujeción individual.

La posibilidad de abordar un nuevo frente en el propósito de librar al país de los actores ilegales armados se abrió para la administración Santos a principios de septiembre pasado, cuando el máximo cabecilla del llamado ‘Clan del Golfo’, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, envió una misiva al Jefe del Estado manifestando el interés que él y los integrantes de su organización tenían de someterse a la justicia.

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