Unas 400 personas se reunieron este fin de semana en Sincelejo con las Comisiones de Paz del Congreso para exigir desde su condición de víctimas del conflicto armado colombiano una oportunidad para ser escuchadas en las mesas de diálogo que tramita el gobierno Santos con las Farc.

"Son las víctimas del conflicto de este país, que han transformado su dolor en dignidad. Esta iniciativa es de trabajo colectivo que vale la pena porque es una especie de resistencia a la exclusión y una lucha no violenta para reivindicar los derechos de la sociedad. Es una polifonía de voces que merecen nuestra admiración", señaló la representante Ángela Robledo, del Partido Verde.

Líderes de organizaciones sociales de víctimas, indígenas, campesinos, estudiantes, jóvenes, trabajadores, mujeres, afrodescendientes, de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre se reunieron durante dos días con congresistas para discutir el primer punto de la agenda que ya suscribió el gobierno con la guerrilla y que está centrada en desarrollo rural.

Las organizaciones y líderes propusieron a la Mesa Regional por la Paz, fortalecer  y proteger las zonas de reserva campesina y las fronteras agrícolas, rechazar el actual modelo de extracción y explotación de los recursos naturales, y plantear una política rural concertada con los distintos sectores sociales y grupos étnicos que permita también fortalecer la unidad agrícola familiar.

También le dijeron a los congresistas que esperan que el gobierno limite la propiedad rural, realice una restitución efectiva y democrática de tierras y que revise con profundidad la política minera y de extracción, sobre todo en lugares donde existen yacimientos de agua. Pidieron que se revise el tema de cultivos ilícitos y que se establezcan criterios ambientales claros. Dijeron que la verdadera paz está ligada a la explotación, la tenencia y el uso de la tierra al igual que a la producción de alimentos.