Los pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado del país tendrán en menos de un mes un nuevo marco tarifario con el que deberán ajustar los cobros a los municipios de menos de cinco mil usuarios.

Así lo confirmó el director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y  Saneamiento Básico, Alejandro Gualy Guzmán, quien en diálogo con EL NUEVO SIGLO adelantó parte de lo que será el documento final que será entregado próximamente.

El funcionario indicó que se trata de un proyecto de regulación que “con base en premisas como insuficiencia financiera del prestador y estándares básicos de calidad”, el usuario cuente con un servicio de mejor calidad.

Una de las premisas es que la tarifa obedezca “a una capacidad de pago del usuario para que se pueda implementar de una manera sostenible”.

La propuesta de metodología tarifaria se aplicaría para prestadores que atienden a menos de 5 mil suscriptores ya que “de los 1.100 municipios que tiene Colombia, cerca de 100 tienen el 85% de la población nacional, pero los otros 1000 municipios, que atienden el 15%, presentan esta situación y es allí en donde debemos enfocar esta metodología”.

La intención es que en un mes se expida el proyecto de resolución que tendrá como objetivo desincentivar la atomización en la prestación del servicio, para lo cual tendrá que “asociar el nivel de tarifas a la capacidad de pago de los usuarios”.

Ello se logrará estableciendo un precio techo-piso acorde a la capacidad de pago y la factura deberá estar asociada al nivel de ingresos de los hogares.

Parte de los beneficios es que la tarifa siempre estará fijada con la capacidad de pago del usuario para que “el grueso de las inversiones sean aportadas por el Gobierno mediante el sistema general de participaciones, y que esos recursos los inviertan los alcaldes en obras de infraestructura para esos sectores”.

Es de aclarar que la ejecución del maro tiene una vigencia de cinco años y si no se ha expedido la nueva regulación, seguirá rigiendo el actual.

El funcionario enfatizó en que no se puede hablar de un porcentaje exacto de reducción o aumento de tarifas, sino que estas deberán ser definidas por el prestador de acuerdo a sus costos, gastos y necesidades de inversión.

Otro de los objetivos es “mejorar los niveles de cobertura, calidad, continuidad y micromedición y que el valor de la factura que permita realizar mejoras en esos mismos niveles, así como en los estándares del servicio”.

Agregó además que parte fundamental de la aplicabilidad del marco será el apoyo institucional para que los recursos que el Gobierno asigne, “se dirijan a obras en infraestructura en esos pequeños acueductos, para que puedan crecer, que sean empresas reales y que, con la limitada capacidad que tiene el usuario, tengan ese apoyo por parte del gobierno”.

Después de que se expida la resolución se requerirán de tres meses de participación ciudadana para recibir todas las sugerencias y observaciones y una vez se adopte el marco tarifario, se realizarán jornadas de divulgación en el país.

En cuanto a Bogotá, explicó que “aplica la otra regulación que está en etapa de participación ciudadana”.

Se trata de la resolución 632 de 2013 que culmina el 31 de agosto y que se analizará por dos meses “y al final de año se saca la resolución definitiva”.

Así las cosas, este año el país contará antes de finalizar el año con un marco tarifario para grandes prestadores de acueducto y alcantarillado, otro para el servicio de aseo y un decreto sobre los cobros no autorizados.