UN NUEVO intento por derogar leyes y normas inútiles avanzó a segundo debate, tras ser aprobado esta semana en la Comisión Primera del Senado.

Se trata del proyecto de Ley 24 de 2011 Senado, “por el cual se promueve la simplificación normativa, se modifican los artículos 41, 139, 145, 156, 169, 170, 195 y se adicionan los artículos 6, 85 y 254 de la Ley 5 de 1992”.

La iniciativa, radicada el 26 de septiembre de 2011 por el senador cundinamarqués Carlos Ferro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), reforma el proceso de formación de las leyes y dicta algunas normas en materia de simplificación del ordenamiento jurídico.

De acuerdo con lo consignado en el proyecto, la idea es atender un problema central que afecta al Estado de Derecho, la denominada “inflación normativa”, es decir, la proliferación de leyes y decretos leyes, de ordenanzas y de acuerdos.

Para ello, determina lo siguiente: En desarrollo de la responsabilidad atribuida en el Decreto 4530 de 2008 a la Dirección de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, de adelantar los procesos de simplificación normativa, será obligación permanente del Ministro de Justicia la presentación de los respectivos proyectos de ley que tengan por objeto derogar las normas anacrónicas, improcedentes, contradictorias, incompletas, inexactas o redundantes del ordenamiento jurídico nacional, con el fin de que el Congreso los estudie y proceda a darles trámite.

Para el ponente senador nariñense Manuel Enríquez, también de La U, “es importante este proyecto ya que trata de manera directa un problema central que afecta al Estado de Derecho, y es la llamada inflación normativa, es decir, la proliferación de leyes y decretos leyes, de ordenanzas y de acuerdos que nadie llega a conocer y mucho menos a entender. Teniendo en cuenta la magnitud del problema, coincidimos los Senadores de esta célula congresional en señalar que hoy nadie sabe a ciencia cierta cuántas leyes están vigentes en el país”.

“Hoy, en Colombia hay una serie de normas y leyes que fueron expedidas antes de la vigencia de la Constitución de 1991, que contradicen la Carta Política”; son “leyes orgánicas, normativas”, que “van en contravía de los tratados internacionales firmados por el país con países alrededor del mundo”, explicó Enríquez.

Una de las novedades fundamentales del proyecto es que establece que en adelante quienes presenten proyectos de ley, como el Gobierno, los congresistas o iniciativas de origen popular, deberán acompañarlos con los textos de las normas a las cuales reemplazan y modifican.

“No podemos seguir con la vieja costumbre del artículo que nadie le pone atención que dice: con esta ley se derogan todas las disposiciones contrarias. Es muy difícil saber quien está llamado a aplicar esas leyes”, sostuvo Enríquez.

Otra vez

En su informe de ponencia, Enríquez destacó “que esta misma iniciativa ya se había presentado para su estudio en dos oportunidades”.

En un primer intento confluyeron el senador Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, y el entonces representante por Risaralda Carlos Enrique Soto, de La U; el proyecto, tras avanzar tres debates, fue archivado por vencimiento de términos.

Igual suerte corrió meses después, solo que en esa ocasión solo tuvo un debate.

Leyes inútiles

En esta oportunidad, la iniciativa goza del respaldo del Gobierno Nacional.

En mayo de 2011 el presidente Juan Manuel Santos le propuso al Congreso dedicarle un período legislativo a estudiar las leyes obsoletas y eliminarlas.

“De pronto, podríamos pensar en dedicarle unos tres meses, que el Congreso se dedique solamente a estudiar aquellas leyes que ya no se necesitan. Así como los trámites inútiles, las leyes inútiles”, manifestó.

Ya en 2006, el senador Ferro había detectado varios ejemplos entre las más de 17.000 leyes y cerca de 2 millones de artículos e incisos que están vigentes.

Por ejemplo, explicó Ferro, aún está vigente la Ley de Vientres de 1821, promovida por Simón Bolívar en los comienzos de la República, para permitir que los hijos de las esclavas obtuvieran su libertad.

El año pasado, cuando Santos propuso la cruzada contra las leyes inútiles, el representante antioqueño Carlos Alberto Zuluaga, del Partido Conservador, presidía la Cámara.

“Creo que ese examen es sano”, declaró entonces Zuluaga; “es bueno hacerlo”.

“A mí me parece que ese es un tema bien interesante en el que podemos hacer una gran alianza con las universidades, con unos equipos técnicos, con la Contraloría, con el mismo Ministerio del Interior, para encaminarnos hacia un Estado más práctico”, precisó.