Con nuevo coordinador y una cuota de técnicos operativos más grande, el balance es bastante positivo y las cifras hablan por sí solas, evidenciando un notorio avance en comparación con el año inmediatamente anterior.
En este primer semestre de 2016 se reportan 486 operativos de control a licores y cigarrillos, realizados articuladamente con el CTI, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en todas las localidades de Bogotá y en diferentes municipios del departamento de Cundinamarca como Facatativá, Mosquera, Girardot y El Rosal, entre otros. Incluso ha estado presente en los golpes asestados contra el contrabando y la adulteración en el sector del Bronx y la 18, en Bogotá.
En desarrollo de estos operativos de control se han aprehendido 211.417 unidades de licor (115.433 nacional y 95.984 importado), por no tener estampilla, tenerla falsa o presentar características de adulteración. Y 833.132 cajetillas de cigarrillos de contrabando.
Como resultado de la gestión del GAC, con corte al mes de junio, se han sellado 225 establecimientos, entre 5 y 60 días, dependiendo de la cantidad de unidades aprehendidas y los hallazgos de licor adulterado.
También, dentro de las cifras reportadas por el Grupo se registra el desmantelamiento de 14 alambiques o cocinas, adaptados para la fabricación ilegal de licor nacional e importado, en precarias condiciones técnicas de producción que representan un evidente riesgo para el consumidor.
Adicionalmente, se han aprehendido 1.826.738 unidades de botellas, estampillas falsas, etiquetas, cajas de licores, tapas, entre otros elementos secos, utilizados para envasar y dar aspecto casi original a los productos adulterados, lo que representa un gran golpe contra los falsificadores.
En lo corrido de estos cuatro meses se han puesto a disposición de las autoridades 21 personas, por venta y posesión de licor con características de adulteración y falsificación de licores.
En su última cumbre, la Federación Nacional de Gobernadores urgió a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para acabar con el contrabando de licor así como las redes de adulteración, ya que no sólo ponen en peligro la vida de millones de colombianos, sino que afectan gravemente los ingresos que los departamentos perciben por los impuestos que pagan estos productos cuando son producidos y comercializados legalmente.
De igual manera en el Congreso está tramitándose una reforma al régimen de licores, proyecto en el que los gobernadores han puesto especial atención.