Hasta la fecha han sido restituidas 234.000 hectáreas en todo el país que benefician a 33.000 personas.

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Un barrido total de las solicitudes de restitución de tierras despojadas en el departamento de Córdoba se está adelantando. Para tal fin, 15 microzonas ubicadas en los municipios Montería (El Guineo, El Levante, Londres, Martinica, Guasimal, Tres Piedras, Pueblo Buho, La Victoria y Santa Clara), Buenavista (Paraíso – Nueva Estación), Tierralta (El Tesoro y Las Flores) y Planeta Rica (Carolina-Cabecera y Centro Alegre) iniciaron el proceso con el que culmina la intervención por parte de la Unidad de Restitución de Tierras.

“El cierre de las microzonas obedece a que los estudios de las solicitudes en esos municipios ha avanzado de manera gradual y progresiva, hasta llegar a un alto nivel de cumplimiento por parte de la URT, donde se han atendido casi la totalidad de las solicitudes presentadas”, afirmó Álvaro Tapia Castelli, director de la Unidad de Restitución de Tierras en los departamentos de Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca Antioqueño.

La meta principal que tiene la Unidad de Restitución al final de este Gobierno en agosto próximo es presentar ante los jueces especializados al menos el 80% de las cerca de 120 mil demandas de restitución de tierras que le han entregado campesinos para su estudio, tras ser arrebatadas por paramilitares y guerrillas.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, le dijo a EL NUEVO SIGLO hace algunos días que “nos estamos acercando al estudio del 80% de los reclamos que nos han llegado ante la Unidad de Restitución. Y esa es la gran meta del Gobierno, estudiar el 80% de todo lo que ha llegado en los seis años de vigencia de la Ley” de Víctimas.

El funcionario explicó que no se tiene una meta de cuántas miles de hectáreas podría dejarse restituidas porque “como eso es un resultado que depende de un tercero que es un juez, el Gobierno no tiene la meta como tal con las decisiones de los jueces porque es un tercero por el cual no puede responder”.

Añadió que el compromiso del Gobierno es “cumplir el 100% de las órdenes que emanan de los jueces. Decidir todas las reclamaciones que le han hecho y que están en zonas con condiciones de seguridad, ya sea para archivarlas porque no tienen sustento o para ponerlas en manos de los jueces”.

Sabogal dijo que con el objetivo de agilizar los fallos de restitución “los jueces fueron reforzados para que emitan más sentencias, pero como dije ese es un resultado que depende de otra rama del poder público”.

Se contaba con 55 operadores judiciales entre magistrados y jueces de tierras dedicados exclusivamente a definir las miles de demandas de restitución que han impetrado los campesinos despojados en medio del conflicto por parte de los actores armados. Sin embargo el año pasado fueron aumentados a 73 entre jueces y magistrados en los 16 juzgados y 9 tribunales que integran esta jurisdicción.

Sabogal dijo también que  “uno de los grandes éxitos de la política es que donde hemos estado la gente ha podido volver y no han vuelto a salir por temas de violencia”.

Más cifras

Hasta la fecha han sido restituidas 234 mil hectáreas en todo el país que benefician a 33 mil personas, con recursos por 79 mil millones de pesos para impulsar proyectos productivos en sus predios.

Significa que en lo corrido de este año han sido restituidas mil hectáreas, pues al cierre del año anterior la cifra estaba en 233 mil hectáreas.

No obstante al cierre del año anterior, las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 (Víctimas) y Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Representantes de las Víctimas, manifestaron su preocupación por el rezago en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.

Indicaron además que no se evidencia una estrategia clara de articulación entre los procesos de restitución de tierras, los procesos de retornos y reubicación, los planes de reparación colectiva y los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Se estima que los desplazados, que en su mayoría escapan de zonas rurales a entornos urbanos, se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas.

No obstante, Ricardo Sabogal dijo que “son 600 mil hectáreas que están en los juzgados esperando decisiones de los jueces”.