El preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y el hacker Andrés Sepúlveda, procesado por las chuzadas al proceso de paz, fue avalado por la juez 22 de conocimiento.

De esta forma, Sepúlveda, quien se compromete a entregar información de las interceptaciones que se realizaron a miembros del Gobierno y negociadores de paz en La Habana, se convertirá en testigo dentro de esta investigación.

La determinación se dio tras una hora y media de audiencia a puerta cerrada y el abogado de Sepúlveda, Jairo Ardila, dijo que el alcance de la decisión es que el hacker se compromete a aceptar todos los delitos por este caso. “Aceptar los cargos es el interés de él. Eso es parte de esa manifestación de colaboración y de arrepentimiento por este caso, además de entregar información del escándalo. Por su colaboración recibirá una rebaja en la pena de la tercera parte”.

“Ya se ha establecido por la jueza que el preacuerdo está dentro de la legalidad y entonces queda pendiente la lectura de las sentencias”, añadió el abogado.

Sepúlveda fue acusado por la Fiscalía de hacer una campaña de desprestigio al candidato-presidente Juan Manuel Santos, además de acceder ilegalmente a tres correos: el del exvicepresidente Francisco Santos, al de su secretaria y al de alias ‘Boris’, miembro de la mesa de negociación de La Habana.

Tras el preacuerdo, la defensa espera que el hacker continúe recluido en el búnker de la Fiscalía, por razones de seguridad.

En el documento que firmó Sepúlveda, se compromete a aceptar toda su responsabilidad en las interceptaciones de la sala Andrómeda, a cambio de una sustancial rebaja de 15 a 10 años de la condena.

Y es que según la Fiscalía, se tiene suficiente evidencia de la responsabilidad de Sepúlveda en este caso. La primera, es su IPhone, en el que el ente acusador encontró conversaciones vía Skype con el hacker ecuatoriano, Daniel Bajaña.

Otra evidencia es el propio correo del hacker. Allí se encontraron evidencias de que accedió ilegalmente a tres correos: al del exvicepresidente Francisco Santos, al  de su secretaria y  al de alias ‘Boris’, miembro de la mesa de negociación de La Habana.

Cabe recordar  que frente a los casos conocidos por la opinión pública como “Operación Andrómeda”, “Andrés Sepúlveda”, “los documentos secretos” y “la supuesta lista de inteligencia militar” (correos electrónicos), el Ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Armadas conformaron un comité de alto nivel integrado por el inspector general de las Fuerzas Militares, los inspectores generales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía y el director de asuntos legales del Ministerio, con el fin de hacer seguimiento y coordinación a las investigaciones.

También están vinculados en las investigaciones cuatro oficiales y dos patrulleros de la Policía y según la información recopilada, los policías habrían entregado material sensible y de carácter reservado a Sepúlveda y se habrían reunido con él en por lo menos 20 ocasiones.

Sin olvidar el proceso que se adelanta contra miembros de la Fuerza Pública por el caso Andrómeda, siendo esta una sala de interceptación ilegal en la que también habría tenido participación Sepúlveda

Según el Ministerio de Defensa, luego de la investigación en el caso de Sepúlveda se realizaron auditorías internas especiales del Ejército y la Policía, evidenciando que algunos funcionarios de la Fuerza Pública, de manera individual y a motu propio, al parecer manejaron de forma irregular información clasificada.

Encontró también que existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirecta  a Sepúlveda,  por lo que la Fiscalía les dictó medida de aseguramiento.

Se presentaron de la misma manera errores de procedimiento y de seguridad con el manejo de la documentación clasificada y gestión documental, observándose falta de control y supervisión en la cadena de mando directa: grupo de atención humanitaria al desmovilizado, central de inteligencia técnica del ejército nacional y la seccional de policía judicial de la policía metropolitana de Bogotá.

El Centro Democrático pidió acompañamiento especial del sistema de las  Naciones Unidas al proceso judicial que se desarrolla actualmente contra el partido, en que  se incluye el proceso del Hacker, la solicitud fue hecha por Óscar Iván Zuluaga presidente de Partido.