Fue avalada la Reforma Constitucional a la sostenibilidad fiscal por la sala plena de la Corte Constitucional. La iniciativa le permitirá a los Ministros y la Procuraduría General pedir el cambio o disposición del pago de cuotas establecidas por las Cortes en las distintas sentencias.

El proyecto que había sido demandado porque presuntamente ponía trabas a los alcances de las tutelas al establecer que los falladores no pueden sentenciar un pago que pueda poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.

Sin embargo, la Corte Constitucional explicó que las solicitudes se pueden presentar siempre y cuando no se afecten los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución de 1991, “sin que en ningún caso se afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales”.

Es decir, la Corte encontró que no hay irregularidades y declaró exequible el acto legislativo que ya había sido aprobado por el Congreso y argumentando que la propuesta busca “promover la disciplina fiscal y blindar el manejo de las finanzas públicas en mediano plazo”.

Además el Alto Tribunal también considera que la reforma de sostenibilidad fiscal busca “asegurar un nivel sostenible de la deuda pública, permitir un manejo contra - cíclico de la política fiscal y aumentar la confianza y credibilidad en el manejo sostenible de las finanzas públicas”.

Esta reforma permitió la creación del término ‘Incidente de Impacto Fiscal’, figura a través de la cual el Procurador General o los Ministros pueden solicitar que las sentencias proferidas en cualquiera de los Altos Tribunales se puedan modificar o diferir sin que en ningún momento se afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

Una de las personas que más había expresado su descontento con la reforma era el mismo procurador General, Alejandro Ordóñez, quien le había pedido a la Corte Constitucional que declarara inconstitucional la iniciativa por presuntos vicios de procedimiento durante su trámite en el Congreso de la República.

Además del Procurador, representantes de algunas bancadas políticas criticaron durante los debates los alcances de la reforma, como por ejemplo violar derechos como el acceso a la justicia, ya que el Gobierno podía limitar los recursos que el Sistema Judicial ordena pagar a los solicitantes a través de medidas como la tutela.