La detención y posterior extradición de siete excargos de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (Dina) para juzgarlos por su presunta implicación en la muerte de un diplomático español durante la dictadura de Augusto Pinochet, pidió la justicia española a ese país.

El juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió procesar al exdirector de la Dina, Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda y a otros seis altos cargos de la policía secreta de la dictadura por "un presunto delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal de Carmelo Soria Espinoza" en 1976, según un auto judicial conocido este martes.

Además de Contreras, el juez dictó órdenes internacionales de detención contra los chilenos Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma y José Remigio Ríos Sanmartín y el estadounidense Michael Vernon Townley Welch, "para su ulterior extradición".

El magistrado español se apoyó en el "principio de jurisdicción universal" para justificar la competencia de España en este presunto asesinato que tuvo lugar fuera del país.

Subrayó asismismo que "por parte de las autoridades judiciales chilenas no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos", señalando que la Corte Suprema de Chile sobreseyó el caso en 2006.

La alta corte chilena se apoyó entonces en la ley de amnistía 1978. Una "auto-amnistía de la dictadura militar chilena, que se camufló bajo la apariencia de norma jurídica, no obedeciendo a decisión alguna de un parlamento democrático en el ejercicio de la soberanía del país", consideró el juez.

Según Ruz, Contreras, como responsable de una fuerza que "sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet Ugarte, ordenó al capitán Salinas, de forma directa, por cuenta de mandos superiores de la dictadura no debidamente acreditados, el secuestro y posterior fallecimiento del Sr. Soria".

El diplomático español, que trabajaba para Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 cuando se dirigía a su residencia en Santiago de Chile./AFP