La lucha contra el fraude fiscal y la reducción del número de instituciones públicas forman parte de las nuevas medidas para sanear las cuentas públicas anunciadas este jueves por el gobierno español que instó a bancos y comunidades autónomas a mejorar sus balances.
Quince días después de asumir el poder y una semana más tarde del primer plan combinando de recortes por 8.900 millones de euros y subidas de impuestos por 6.300 millones, el equipo del conservador Mariano Rajoy quiere recuperar cerca de 8.200 millones de euros esfumados en la economía sumergida.
La economía sumergida representa, según varios estudios, cerca de un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) español, y los últimos planes para reducirla lanzados en los últimos años no han tenido ningún efecto.
En esta ocasión, el gobierno quiere reforzar el control en las empresas y "limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones", explicó la portavoz y número dos del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministros.
"También hay que redimensionar el sector público", dijo, que cuenta, según dijo, con "más de 4.000 empresas y fundaciones", en su mayoría en las comunidades autónomas.
El objetivo fundamental es el control del déficit público, afirmó, ya que el tiempo apremia: las cuentas públicas en 2011 tendrán un déficit que podría superar el 8% del PIB, muy superior al objetivo del 6%, como reconoció el lunes el ministro de Economía Luis de Guindos.
La Seguridad Social, en particular, tendrá un déficit del 0,06% del PIB, en vez del superávit del 0,4%, lo que pone fin a más de una década en números verdes.
Para lograr el objetivo del déficit del 4,4% para finales del 2012, habrá que encontrar más de 40.000 millones de euros, mediante nuevas medidas de austeridad o nuevas subidas de impuestos.
Para el titular de Economía, las dos principales amenazas para cumplir estos objetivos son el sector bancario, debilitado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 y que puede necesitar dinero público y las 17 autonomías, víctimas del mismo fenómeno y altamente endeudadas.
En el caso de los bancos, "teniendo en cuenta las valoraciones que se han dado en casos como el de Irlanda, como máximo se necesitaría realizar 50.000 millones de euros de provisiones adicionales", declaró el ministro al diario económico Financial Times.
"En la gran mayoría de los casos, pueden realizarlas por sí mismos, gracias a sus beneficios", agregó.
Es el doble que las previsiones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que estableció en 26.160 millones las necesidades para los cinco mayores bancos del país, un cálculo que sólo pretende mejorar la solvencia de los bancos y no tiene en cuenta los activos inmobiliarios nocivos del sector español.
Tras una época de descontrol de préstamos tanto a promotores como a particulares, existen al menos 176.000 millones de euros de créditos problemáticos, viviendas y terrenos, cuyo valor no cesa de degradarse.
Otra fuente de preocupación del gobierno son las autonomías que disponen de amplias competencias, entre otras, la salud y la educación y una enorme autonomía financiera.
En el tercer trimestre de 2011, su deuda se elevaba a 135.151 millones de euros, un 12,6% del PIB del país, un récord histórico según cifras del Banco de España.
Señal de que la situación es dramática, el Estado central tuvo que intervenir en los últimos días para ayudar a Valencia que no podía hacer frente al pago de unos 125 millones de euros al Deutsche Bank.
A partir de ahora, se va a exigir mucho más control a estos malos alumnos. En marzo se pretende aprobar una ley que introduce "un control a priori" de los proyectos presupuestarios: "antes de aprobar su presupuesto tendrán que obtener la luz verde del gobierno central", anunció de Guindos.
Una decisión histórica para este país muy descentralizado, que ya ha sido tildada de "inaceptable" e "intolerable" por Francesc Homs, portavoz del gobierno de Cataluña, una autonomía histórica con pretensiones independentistas./AFP