A los políticos y a la suma de ellos, el Congreso, no les interesaría modificar una estructura que les es beneficiosa, pues tiene origen en los partidos y no cuenta con la capacidad institucional para ejercer una eficaz vigilancia y control de las elecciones y las colectividades.

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En septiembre próximo al nuevo Congreso de la República le corresponderá hacer su primera elección, como es la de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, organismo que pesar de que se ha sobre-diagnosticado la urgencia de reformarlo, sigue incólume. La más reciente iniciativa en ese sentido se esfumó por el hundimiento de la Reforma Política, el año pasado.

Algunos optimistas consideran que con la llegada este año de un nuevo gobierno y Parlamento se podría facilitar transformar el Consejo Nacional Electoral para que cumpla de manera más eficaz su función de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de las agrupaciones políticas y sus candidatos; ejercer vigilancia y control de la Organización Electoral y velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

No obstante hay otros que piensan que la clase política, expresada en el Congreso, no tiene la menor intención de que este organismo se modifique en aspectos tan criticados como es que los magistrados que lo integran son propuestos por los partidos políticos.

Opiniones

EL NUEVO SIGLO consultó sobre el particular a Elisabeth Ungar Bleier, exdirectora ejecutiva de Transparencia por Colombia y quien hizo parte de la misión que convocó el Gobierno para que presentara una propuesta de reforma política-electoral, la cual nutrió el proyecto de reforma constitucional radicado en el Congreso que, como se dijo, terminó siendo hundido.

Ungar vio lejana la posibilidad de una reforma a este organismo. “Es muy difícil porque para usar un símil un poco traído de los cabellos, hoy en día el Consejo Nacional Electoral es el ratón cuidando el queso, siendo el Consejo Electoral el ratón y los partidos políticos el queso. Para ellos perder ese poder…es un poder muy grande que ellos tienen, un poder de control sobre la clase política. Lo veo difícil”.

No obstante Ungar anotó que “pensaría que esto está tocando fondo y va a ser absolutamente necesario tratar de impulsar una reforma política que incluya entre otros aspectos el tema de la independencia, de la autonomía, de la capacidad financiera y tecnológica del Consejo Nacional Electoral. Porque es que hoy además depende financieramente y administrativamente de la Registraduría, lo cual también es absurdo”.

Ungar añadió que otro de los graves problemas de este organismo es que “su origen es totalmente político. Las experiencias en el mundo han mostrado que estos órganos no pueden ser políticos sino que deben ser conformados por técnicos de diferentes profesiones, no necesariamente abogados. Eso también es un poco absurdo porque para vigilar elecciones no necesariamente hay que ser abogado”.

La analista reiteró que hay que impulsar una nueva reforma política, “si se va a lograr o no depende de quién gane las elecciones y el poder electoral que tenga en el Congreso para promover una reforma de este tipo”.

Por su parte, el codirector de Congreso Visible, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Felipe Botero, le dijo a este Diario que “creo que el esquema actual del Consejo Nacional Electoral es altamente inconveniente porque su origen es partidista y uno no puede ser juez y parte. Actualmente el Consejo Electoral tiene miembros de los partidos resolviendo las disputas de los partidos. Eso compromete la independencia del organismo y está lejos de los estándares internacionales de transparencia electoral”.

Botero coincidió con Ungar que “veo muy poco probable que el Congreso reforme eso porque rechazó una propuesta técnica y seria de reforma del CNE porque le interesa tener un Consejo Nacional Electoral de bolsillo, digamos, que puede controlar, que son predecibles sus resultados. No creo que esté dentro de lo previsible y esperable que el Congreso tome una decisión contraria a la que tomó hace apenas un par de meses”.

Agregó el Codirector de Congreso Visible que “no es claro para mí que haya ningún interés y una intención de los políticos actuales de modificar un sistema que los beneficia directamente a ellos. Que es la lectura que tengo de la decisión de rechazar las recomendaciones de la Misión Especial Electoral”.

Botero dijo también que el Consejo Nacional Electoral “no tiene presupuesto, depende del presupuesto de la Registraduría, de lo que el Registrador considere que es adecuado. Tiene que tomar decisiones muy complejas en casos que requieren pruebas, que requieren una investigación más seria y no tiene personal para hacer eso. Entonces es una cenicienta de institución que no cuenta con los recursos para la tarea que se le encomienda. Por eso es que los políticos les interesa no modernizar ni volver eficiente esa institución porque un proceso electoral se puede tardar tres años, tres años y medio, y cuando se toman las decisiones ya se acabó el periodo y la persona que estuvo en el cargo, a pesar de incumplir con requisitos, incluso tener inhabilidades, disfruta de todo el periodo”.

La reforma política

El proyecto de reforma política y electoral que al final  hundió el Legislativo en el pasado periodo, tras su paso por la Cámara de Representantes creaba un Consejo Nacional Electoral con nueve  miembros, quienes serían servidores públicos de dedicación exclusiva y tendrían períodos personales de ocho años. Tendrían las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fueros y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Este Consejo Nacional Electoral gozaría de autonomía administrativa y presupuestal. Tendría las siguientes atribuciones especiales: ejercer la suprema inspección, vigilancia y control sobre la organización electoral. Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil.  Regular, vigilar, inspeccionar y controlar toda la actividad de los partidos y movimientos políticos y de las campañas electorales.  Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Declarar la disolución, liquidación y fusión de los partidos y movimientos políticos.

No obstante, la Cámara había ya hundido el elemento central de la reforma al Consejo Nacional Electoral, como era que sus nueve miembros serían elegidos, por medio de convocatoria pública, por decanos de facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, con criterios de mérito y postularían ante el Congreso una terna de cada vacante. Así las cosas, el Congreso en pleno, con el voto favorable de dos terceras partes, seleccionaría a un miembro de la terna.