Por Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

A seis meses de las elecciones territoriales aún el Ministerio de Hacienda no ha confirmado los recursos que solicitó el Consejo Nacional Electoral para cumplir con su función de vigilancia de esta justa. Por esta razón, no han arrancado en forma procedimientos como dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas.

Otras tareas que están a la espera para arrancar la confirmación de estos dineros que cubre todo el proceso electoral para estos comicios en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral son los tribunales de garantías electorales en al menos 15 regiones del país, control de la trashumancia, tecnología y lo que tiene que ver con las comisiones internacionales que vendrán como observadoras, entre otros.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público prometió al organismo electoral que esta semana le iba a fijar esos dineros, sin que hasta el momento se haya hecho efectivo.

En tanto que la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó al Ministerio de Hacienda para estos comicios cerca de un billón de pesos, presupuesto que en este momento se ha visto reducido a cerca de $440 mil millones.

Como consecuencia hay actividades de control que hasta el momento no han arrancado en el Consejo Nacional Electoral durante el periodo previo a las elecciones, en el que por 10 meses los ciudadanos que cambiaron de domicilio de residencia se inscriben para poder votar. En este punto el organismo está facultado para anular esa inscripción de encontrar irregularidades, procedimiento que es clave para frenar la trashumancia que por lo general se presenta en este tipo de certámenes, aupada por políticos corruptos que promueven la inscripción de ciudadanos en un municipio en el que no residen, y de esa manera aprovechan esos votos para sus fines electoreros.

Hay que tener en cuenta que la norma establece que los ciudadanos solo pueden votar en los municipios en donde residan o realicen un trabajo permanente; además de ello el Código Penal tipifica como delito el fraude en la inscripción de cédulas.

La inscripción de ciudadanos en las diferentes sedes de la Registraduría en el país comenzó el 25 de octubre de 2014 y se extenderá hasta el 25 de agosto próximo, proceso en el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil estrenó un proceso automatizado para estos comicios, que entre otras, según destacó Alfonso Portela, registrador Delegado para lo Electoral, “lo interesante en esto es que todos los ojos están puestos en el proceso, antes no ocurría, antes todo el mundo verificaba después de que se cerraba el proceso de inscripción. La Registraduría habilitó la plataforma para que día a día se pueda estar comprobando cuántas personas se inscriben. Eso permite que esos aumentos irregulares que se presentan en algunos municipios sean tenidos en cuenta y a tiempo se puedan tomar decisiones.

No obstante contar con esta herramienta y que el Consejo Nacional Electoral está facultado para investigar de oficio o por queja de un ciudadano la inscripción irregular de cédulas, adelantar un cotejo de este tipo genera gastos que no están contemplados  en los recursos con los cuales opera anualmente sino que deben estar a cargo de los recursos que el Gobierno le fije para estas elecciones.

En este sentido, si el Consejo Nacional Electoral abre una investigación formal por inscripción irregular de cédulas, debe entre otras cosas desplazar una comisión instructora a la región en donde hay indicios de la irregularidad, integrada por no menos de  tres servidores públicos adscritos a este organismo para que desarrolle la verificación de rigor y adelante las pruebas que decretó el magistrado sustanciador.

En este sentido, el organismo señaló que “tenemos identificados 150 municipios que son de alto riesgo”.

Tribunales

Desde los comicios del año 2007 el Consejo Nacional Electoral viene implementando en las elecciones del orden nacional el plan piloto de los tribunales de garantías, los cuales operaron en el año 2014 en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima  y  Valle del Cauca.

Tienen como función velar por el adecuado desarrollo de los procesos electorales, de manera que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos cumplan con la normatividad electoral.

Entre sus funciones está el monitoreo y verificación de la financiación de las campañas políticas, garantizar el normal desarrollo de los comicios electorales y velar por el cumplimiento de las normas sobre publicidad electoral, pudiendo ordenar la suspensión o retiro de la propaganda electoral que no cumpla las disposiciones legales sobre el tema.

Sin embargo, para los comicios de este año el Consejo Nacional Electoral no ha podido definir hasta el momento las regiones más críticas del país, desde el punto de vista de riesgo electoral, en donde instalará estos tribunales, precisamente porque el Ministerio de Hacienda no le ha fijado el presupuesto para este evento.