Preocupación por una tendencia al “populismo punitivo” durante las últimas dos décadas señaló la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado colombiano, conformada desde febrero de 2011 para asesorar al gobierno en el diseño y en la elaboración de una propuesta de lineamientos de política criminal.

Según un resumen del informe de la Comisión, divulgado ayer por el Ministerio de Justicia, existe una tendencia al aumento irreflexivo de las penas de prisión pues desde la entrada en vigencia del Código Penal en el 2000, se han hecho 37 reformas que solo han buscado aumentar las penas con un impacto negativo en el sistema penitenciario.

De hecho, los miembros de la Comisión advierten que estas reformas han respondido más a las ventajas electorales que significan, que a su verdadera efectividad penal.

En este sentido, la Comisión recomendó que el Estado debe evitar tipificar nuevas conductas o aumentar las penas de las existentes sin estudios serios que demuestren la efectividad de las medidas que se proponen.

“Este tipo de políticas han hecho que Colombia haya pasado de 32.000 internos en 1990 a 110.000 en el año 2012.  En el mismo periodo el Estado ha sido incapaz de resolver el hacinamiento del sistema penitenciario, que alcanza más del 32 por ciento a nivel nacional”, advierte el informe.

Además, la Comisión destacó aspectos de la crítica situación penitenciara como: la falta de separación clara entre sindicados y condenados, la falta de atención adecuada en materia de salud, la falta de personal suficiente dedicado a la capacitación de las personas privadas de su libertad; y la baja proporción entre el personal recluso y guardias, lo que dificulta el control y la seguridad al interior de los centros de reclusión.

Esta Comisión encontró también que la política criminal colombiana se ha hecho sin diagnósticos serios de la realidad de la cuestión criminal, de manera incoherente y como reacción a problemas ventilados en los medios de comunicación.

Asimismo advirtió que se ha hecho sin tener en cuenta el contexto del conflicto armado que vive el país y, sobre todo, se ha formulado sin tener en cuenta la diversidad regional y social nacional, y la variedad y complejidad del fenómeno criminal de Colombia. Por ello, señaló el documento, la política criminal debe reconocer -sin confundirse con una política social- la pobreza, la desigualdad, y la discriminación que existen en Colombia. Además, para la Comisión, debe evitarse la confusión entre la política de seguridad y la política criminal.

Según el informe, para entender los patrones actuales de la criminalidad en Colombia es indispensable saber de dónde venimos en esta materia. La falta de contexto ha sido un error a la hora de diseñar este tipo de políticas, y exponen a manera de ejemplo, el papel que ha jugado el narcotráfico en la dinámica criminal del país.

En este sentido, la Comisión manifestó que, según cálculos recientes, si el tamaño de los mercados de drogas ilegales no hubieran aumentado en la proporción que lo hicieron (110 por ciento entre 1994 y 2008), Colombia tendría una tasa de homicidios que sería el 64 por ciento de lo que es actualmente (es decir, una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 23 en vez de 36), una tasa de desplazamiento forzado de tan sólo el 34 por ciento del nivel actual y los ataques de grupos armados ilegales serían el 57 por ciento de su nivel actual.

La Comisión Asesora, que se reunió semanalmente durante más de un año con el fin de discutir los diferentes documentos y propuestas presentadas por sus miembros, está integrada por Iván González, quien fue designado como su presidente; por Yesid Reyes, vicepresidente; así como por María Victoria Llorente, Julissa Mantilla, Mariana Martínez, Camilo Sampedro, Rodrigo Uprimny, Iván Orozco, Farid Samir Benavides, Julio Andrés Sampedro y Daniel Mejía. También formaron parte de la Comisión, pero no pudieron tomar parte en las discusiones finales, Fernando Velásquez y Carlos Guillermo Castro. Como relator de la Comisión fue designado Carlos Augusto Gálvez.  La Secretaría técnica fue ejercida por Giovanna Vanessa Prieto, directora de Política Criminal y Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho.