Para blindar la venta de sustancias químicas que pueden ser usadas para la producción de cocaína y otras drogas, el Ministerio de Justicia adquirió un papel de seguridad para emitir los Certificados de Carencia* y asegurar los químicos ante cualquier intento de compra ilegal.

Este papel tiene ahora un gramaje y una composición química específica y desarrollada en laboratorios extranjeros puesto que la materia prima es importada y hecha exclusivamente para el Ministerio de Justicia.

Los falsificadores perderán su tiempo intentando adulterarlos pues el mismo cambia de color al aplicar cloro o hipoclorito y reacciona distinto al ser expuesto a un compuesto orgánico como gasolina o alcohol.

Los documentos, además, contienen imágenes y textos de seguridad que sólo pueden verse a contraluz e incluyen marcas invisibles (como las utilizadas en los billetes) que sólo podrán evidenciarse al poner el certificado bajo la luz ultravioleta.

El papel tiene al menos diez medidas de seguridad que van desde el uso de los colores, marcas y características de peso y composición, hasta detalles en las imágenes que solo pueden ser identificadas con tecnología especial.

El Ministerio, con el apoyo de la Policía Nacional, también desarrolla una funcionalidad en el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos (SICOQ), al servicio de los empresarios, para que verifiquen la veracidad y exactitud de la información de sus clientes y proveedores, y posteriormente puedan aprobar las diferentes transacciones comerciales.

El pasado 7 de marzo esta cartera alertó a las autoridades sobre algunos casos de falsificación de los Certificados de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes. Estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

*¿Qué son los Certificados de Carencia?

Es el documento expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho (Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes) mediante el cual se autoriza a personas naturales, jurídicas y establecimientos de comercio, para el manejo de sustancias y productos químicos controlados en el país, por la relación de estos químicos con la producción ilícita de sustancias psicoactivas.

Dichos autorizaciones son expedidas luego de un análisis técnico, jurídico y de seguridad que permite evaluar el uso que se le dará a las sustancias.