El actual gerente de esta empresa, José López Amaris y el exgerente, Enrique Chartuni González, deberán rendir explicaciones por las presuntas deficiencias en la planeación y ejecución del tramo IV A de este Sistema de Transporte, el cual aún no ha entrado en funcionamiento en perjuicio de los habitantes de Cartagena.

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al actual gerente de Transcaribe, José López Amaris, y al exgerente de Transcaribe, Enrique Chartuni González, quienes habrían incurrido en irregularidades relacionadas con el contrato de concesión para el diseño y construcción del portal El Gallo y el patio- taller del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM Transcaribe).

La diligencia se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Cartagena, ubicada en la Avenida Venezuela N. 8 -20 Edificio Caja Agraria de la citada ciudad.

De acuerdo con la investigación el señor Chartuni González suscribió el citado contrato de concesión, al parecer sin haber verificado previamente que los prediseños entregados al contratista contenían serios errores y omisiones, tales como obviar la necesidad de dejar una vía de acceso a una urbanización, lo cual obligó a la entidad al replantearlos en su totalidad, lo que podría generar un aumento de costos y retrasos en la ejecución del contrato y la entrada en funcionamiento del sistema.

Así mismo, el entonces gerente no valoró el impacto que generaría en los tiempos y costos del aludido contrato la decisión de incluir un tercer operador en el sistema, puesto que al parecer no se realizó un estudio sobre dicho aspecto, dejando a TRANSCARIBE expuesto a las posibles reclamaciones económicas del concesionario.

De otra parte se investiga al actual Gerente José López Amaris, quien habría incurrido en presuntas irregularidades, al no imponer multas al concesionario pese a las permanentes advertencias del interventor relacionadas con el incumplimiento del objeto contractual, lo cual se evidenciaría en que las obras se encuentran en un estado de ejecución que tan sólo llega al 30%.

Finalmente, se consideró que el Ingeniero López Amaris también debe rendir explicaciones porque no habría realizado un estudio técnico y económico sobre la forma como las prórrogas concedidas al contratista y la suspensión decretada al contrato, afectaban a la entidad y al esquema del sistema de Transporte en general, máxime que, de acuerdo a las pretensiones del contratista, por solo concepto de la suspensión TRANSCARIBE estaría expuesto a una reclamación aproximada de cuatro mil millones de pesos que no redundarían en el cumplimiento del objeto contractual.

Las faltas disciplinarias endilgadas a los dos funcionarios fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima.