Para el jueves de la próxima semana, fijó la Corte Constitucional la fecha de la audiencia pública por la demanda de inexequibilidad contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que ordena el establecimiento de un régimen especial de pensiones a favor de congresistas.

Los demandantes alegan que esta disposición desconoce el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Constitucional, así como las previsiones contenidas en la

Reforma Constitucional 1 de 2005, que modificó el régimen de pensiones.

Con respecto a la violación del artículo 13 argumentaron que la norma favorece a las personas con mayores ingresos a pesar de que el Constituyente ha ordenado que las acciones estatales de promoción deben dirigirse a la población menos favorecida. De igual manera, ordena el establecimiento de un régimen especial de pensiones de

Congresistas, lo que implica la trasgresión del mandato constitucional de dar un tratamiento igualitario a todas las personas.

En cuanto al Acto Legislativo 01 de 2005 exponen que la norma constitucional prohíbe la consagración de regímenes especiales o exceptuados y, por tanto, actualmente no existe ninguna razón constitucional que justifique un tratamiento desigual entre la generalidad de los ciudadanos y los congresistas.

En este sentido la demanda señala que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 permite que los congresistas reciban pensiones muy superiores a lo efectivamente cotizado y  el valor de las pensiones devengadas por los congresistas pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de

Pensiones.

En el estudio de esta demanda, para la cual fue designado Jorge Pretelt como magistrado ponente, la Corte Constitucional en una sesión adelantada el pasado 4 de diciembre decidió convocar esta audiencia pública e invitó a la misma a los demandantes y representantes de diferentes sectores como pensionados, sindical; así como Roy Barreras en su calidad de presidente del Congreso; en tanto que por el Gobierno nacional asistirán el Ministro de Trabajo y de Hacienda. Por las autoridades de control fueron invitados el Procurador General, la Contralora General y el defensor del Pueblo.