Audiencia de seguimiento de atención a desplazados | El Nuevo Siglo
Martes, 10 de Enero de 2012

Atendiendo a una solicitud de prórroga por parte de la Secretaría General de la Presidencia, para el 26 de enero está programada por la Corte Constitucional la audiencia especial con los órganos de control para verificar el cumplimiento en la atención a la población desplazados en los términos fijados por la sentencia T-025 de 2004.

Con tal propósito el Alto Tribunal había fijado una audiencia el pasado 10 de noviembre, a la cual fueron citados el Procurador, la Fiscal General y la Contralora para que presentaran un informe y evaluar la efectividad de los distintos mecanismos disciplinarios, fiscales y judiciales que aseguran el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte como juez de tutela para proteger a la población desplazada, así como los obstáculos y prácticas institucionales detectados que han dificultado su aplicación.
Sin embargo la Corte determinó suspender dicha audiencia porque no asistió la fiscal Vivianne Morales, aunque en su representación estuvo presente el vicefiscal Juan Carlos Forero. En consecuencia, se citó nuevamente a Morales para el 15 de diciembre de 2011.
No obstante nuevamente la audiencia fue aplazada, esta vez porque el Secretario General de la Presidencia, mediante comunicado del 13 de diciembre de 2011, solicitó “la prórroga de la audiencia pública con los órganos de control cuya continuación fue fijada para el día 15 de diciembre de 2011” debido a la necesaria asistencia de los ministros a las cámaras legislativas para intervenir en las sesiones parlamentarias en las que se aprobarán o conciliarán proyectos de ley correspondientes a la agenda legislativa del Gobierno nacional.
En consecuencia a la audiencia del 26 de enero próximo, la Corte citó nuevamente a la Fiscal, al Procurador, a la Contralora, a los encargados de las instituciones que tienen que ver con la atención a desplazados, así como a los ministros del Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Agricultura, Comercio, Protección Social y Vivienda.