Una ONG acusó al ejército sirio de la muerte de unos 100 civiles en una nueva “masacre”, pero Rusia defendió al régimen de Bashar al Asad y consideró “una blasfemia” imputarle el atentado con bomba que esta semana mató a 87 personas en la Universidad de Alepo.

Esta semana se registraron en Siria matanzas de gran magnitud. El martes, el régimen y los insurgentes se acusaron mutuamente del atentado en la Universidad de Alepo, que costó la vida a 87 personas, según el Observatorio de los Derechos Humanos (OSDH).

Militantes y testigos afirmaron que la aviación disparó dos misiles contra esa facultad, que en una época fuera el centro de las protestas en la próspera ciudad comercial, que durante largo tiempo permaneció apartada del levantamiento contra el régimen.

Por su parte, el ejército acusó a los rebeldes de haber “cometido un nuevo crimen al disparar cohetes contra la Universidad de Alepo” para “cubrir su fracaso”.

Estados Unidos acusó al régimen de Bashar al Asad de haber cometido este “ataque abyecto”. Esta declaración fue considerada “blasfema” por el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó “el espantoso ataque” y recordó que “tomar deliberadamente como blanco a civiles constituye un crimen de guerra”.

El martes, las tropas mataron en 24 horas a 106 civiles, entre los cuales había mujeres y niños, según el OSDH, a poca distancia de la ciudad de Homs (centro), en una zona de huertos donde se habían refugiado unas mil desplazados para escapar a los bombardeos contra “la capital de la revolución”, sitiada desde hace más de seis meses.

El OSDH, que se basa en las informaciones de una amplia red de militantes y médicos en Siria, afirma que varias personas murieron en el incendio de su casa y que otras fueron ejecutadas con armas blancas.

El miércoles, tres atentados suicidas con coche bomba mataron, según el OSDH, a 35 personas -entre las cuales había 18 soldados- en Idleb, la principal ciudad del noroeste de Siria, un islote que todavía sigue controlado por el ejército, lo que no sucede con la mayor parte de la provincia del mismo nombre.