‘Pacho’ Santos duda para Alcaldía de Bogotá

El exvicepresidente Francisco Santos, a quien se viene mencionando como posible candidato del uribismo para la Alcaldía Mayor de Bogotá trató de tomar distancia de esa eventualidad.

Luego de que varios dirigentes uribistas (entre ellos el senador Juan Carlos Vélez) le pidieran que se lanzara, Santos, quien se encuentra en España desde que perdió en la convención del Centro Democrático la puja por la candidatura presidencial, dio a entender que todavía no ha tomado ninguna decisión respecto a si buscará suceder a Petro.

“Le pido al senador Vélez que no lance candidaturas prematuras a la Alcaldía de Bogotá... No es el momento ni la forma de hacerlo”, trinó Santos en su cuenta twitter. Por la misma vía agregó que “los bogotanos necesitamos serenidad para mirar nuestro futuro con tranquilidad... Es un momento institucional y no electoral…”.

Gobierno cauteloso

Entre tanto, el Gobierno nacional indicó que todavía no tenía ninguna noticia sobre cómo se iba a desarrollar el proceso de reposición que la defensa de Petro interpondrá ante la Procuraduría para tratar de reversar el fallo de destitución.

Al responder al llamado que hiciera el lunes el alcalde Petro (al hablar ante miles de seguidores en la Plaza de Bolívar) en el sentido de que el presidente Santos tenía en sus manos el  tomar una decisión frente al fallo de destitución de la Procuraduría,  el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, sostuvo que el Ejecutivo debía cumplir lo ordenado por toda autoridad judicial.

También reveló que tenía en su despacho una solicitud de vacaciones que Petro había radicado desde días atrás, y en la que informaba que tomaría un descanso desde el 23 de diciembre hasta los primeros días de enero.

Iragorri indicó que no sabía si esa petición de vacaciones se mantenía y que esperaba hablar con el alcalde Petro o el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, para conocer de primera mano la posición del Distrito.

El titular de la cartera política dijo que las manifestaciones a favor o en contra de la decisión del Procurador eran legítimas, pero siempre y cuando se mantuvieran dentro de los marcos de respeto al orden público y la tranquilidad ciudadana.

Entre tanto, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, indicó que el Gobierno respeta el derecho a la protesta y lo garantiza, pero no apoya movilizaciones para desconocer los fallos judiciales.

Precisó que su postura en cuanto a que debe revisarse la facultad de la Procuraduría para destituir funcionarios de elección popular es estrictamente personal, pero que esa iniciativa no se ha estudiado en el Gobierno, tampoco el consejo de ministros y no hacía parte de los temas proyectados para la reforma a la justicia.

Sin embargo, sobre esa polémica sí hubo ayer múltiples reacciones de juristas, ex magistrados y dirigentes políticos del orden nacional, regional y local. Mientras que algunos reiteraron que la norma constitucional le permite al jefe del Ministerio Público aplicar esas sanciones a los gobernadores, alcaldes, concejales, congresistas y demás servidores públicos escogidos en las urnas, otros opinaron que el poder de la Procuraduría no tiene contrapesos institucionales y, por lo tanto, debe proyectarse una reforma constitucional que limite sus facultades, sobre todo para sancionar a los funcionarios.

Más movilizaciones

De otro lado, ayer durante todo el día se presentaron en la capital del país manifestaciones a favor del alcalde Petro, quien en horas de la mañana tuvo una reunión con su equipo de asesores para revisar temas de la agenda de la ciudad.

Las marchas improvisadas dificultaron aún más el tráfico automotor en varios sectores de la ciudad, caos que se hizo más notorio en la medida en que las movilizaciones se fueron acercando hacia las cuatro de la tarde a la Plaza de Bolívar, en donde tenían cita para la segunda jornada de “movilización de indignados” que citó Petro el lunes con el objetivo de resistirse ante la sanción del Ministerio Público.

También trascendió que su equipo de abogados se aprestaba a decidir cuándo debía notificarse del fallo de la Procuraduría, pues esa diligencia es clave para conocer la integralidad de la sanción disciplinaria y, una vez analizadas las razones del Ministerio Público, proyectar la respectiva reposición, que debe elevarse ante el propio Ordóñez.