El autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos y otros cuatro acusados se presentaron nuevamente este lunes ante una corte en Guantánamo en audiencia previa al juicio.

El paquistaní Jalid Cheij Mohamed, quien reivindicó los ataques de 2001, apareció con la barba teñida con henna y un turbante tradicional en la cabeza, al igual que otro de los acusados, el yemení Walid ben Atash.

Se trata de la segunda aparición de Jalid Cheij Mohamed y los otros acusados ante el tribunal especial de las comisiones militares en la base naval estadounidense de Guantánamo en Cuba.

De ser condenados por los atentados que dejaron más de 3.000 muertos, enfrentarán la pena capital.

Mientras los fiscales se niegan a revelar información clasificada y con parte de los debates de cinco días a puertas cerradas, la Unión de Libertades Civiles estadounidense (ACLU por su sigla en inglés) y 14 grupos de medios reclaman transparencia.

Sobre la mesa están las torturas y abusos que los cinco hombres alegan haber sufrido a manos de las autoridades estadounidenses, y el estatus de 'clasificado' impuesto por el gobierno sobre los detalles del tratamiento a los sospechosos en nombre de la seguridad nacional.

"Si va a haber un juicio sobre lo ocurrido el 11-S... solo la verdad debe aflorar y no la interpretación de la verdad que hace el gobierno hasta la apertura del proceso; ahora mismo, es solo su interpretación", dijo Cheryl Borman, que defiende al yemení Walid ben Atash.

"El gobierno no debería poder ocultarse detrás de asuntos clasificados", agregó.

Previo a su transferencia en 2006 a Guantánamo, los cinco acusados estuvieron detenidos en prisiones secretas de la CIA, donde fueron objeto de tratos que han sido calificados de tortura.

"El público tiene derecho a enterarse de los procedimientos", dijo James Connel, que representa a Ali Abd al-Aziz Ali -también conocido como Amar al-Baluchi-, el sobrino paquistaní de Mohamed.

La ACLU y los medios protestan una demora de 40 segundos en el audio para los periodistas y un número selecto de miembros del público, que siguen los procedimientos detrás de un cristal a prueba de sonido.

Alegan que esa demora, que permite a los censores militares eliminar declaraciones cuyo contenido consideren que afecta la seguridad nacional, viola la libertad de prensa y de expresión garantizadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Los abogados de los acusados también denuncian lo que consideran la censura de todos los documentos y comunicaciones que comparten con sus clientes.

Con un total de 25 recursos, el juez coronel James Pohl también debe pronunciarse si los acusados pueden dejar la sala durante los debates o elegir la ropa que lucirán ante la corte.

AFP