Niños, mujeres y viudas son algunos de los grupos que deberían ser atendidos primero.

Hay la necesidad de focalizar las comunidades para la aplicación de la Ley de Víctimas en sus diferentes componentes, en lo que corresponde a los pueblos indígenas.
Asó lo señaló Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “Nosotros esperamos que se habiliten todas las conexiones en términos de institucionalidad, de logística, de recursos para implementar esta Ley de Víctimas. Quedamos que  con los que nos encargaron para el tema étnico, de sentarnos a pensar el tema de la focalización, de cómo empezar a aplicarla. Definir unos criterios que permitan avanzar en términos de tener claro cuáles son las comunidades que requieren prioridad en materia de reparación, en materia de restitución porque todas son víctimas pero hay unas que están en situación unas más graves que otras y requieren una intervención inmediata”, indicó el dirigente étnico.
Explicó que en principio los indígenas consideran que hay unos sectores de la población que requieren una intervención inmediata en el marco de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, “como son los niños, las mujeres, viudas. Comunidades que no tiene nada de tierras, que han sido desplazadas y viven en una situación deprimente. Si no se les puede restituir la tierra de donde salieron, por lo menos que se les pueda comprar en otro lugar para su reubicación”.

 

Número de víctimas
Uno de los escollos más grandes que encuentra la Ley de Víctimas es precisamente saber cuántas personas de forma individual o colectiva han sido afectadas por el conflicto interno a partir del 1º de enero de 1985 como consecuencia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos. En cuanto a la restitución de tierras operará a partir del 1º de enero de 1991.
Los pueblos indígenas están entre los grupos más afectados por parte de las guerrillas, grupos paramilitares e, incluso, agentes del Estado, que han pasado en muchas ocasiones por alto la postura de neutralidad que han expresado los indígenas ante el conflicto interno colombiano, que ajusta más de medio siglo.
“Ese es uno de los trabajos que hay que precisar porque víctimas hay muchas, algunas no están muy claramente registradas y toca hacer todo un diagnóstico sobre las víctimas porque, por ejemplo, los desplazados muchos no se registran por cuestiones de seguridad, entonces hay un subregistro muy grande”, indicó el consejero mayor de la ONIC.   
Añadió que “tenemos cerca de 800 asesinatos en los últimos 10 años. Todos esos familiares tendrán que ser incorporados en la Ley de Víctimas, eso sin contar los desplazados, nos muestra la gravedad de la situación”.
Precisamente, uno de los grandes temores en la aplicación de la Ley de Víctimas, especialmente en el componente de restitución de tierras, es la seguridad de las comunidades que regresen a los predios que les sean retornados.
En febrero pasado el representante a la Cámara, Iván Cepeda (Polo Democrático), denunció que en algunas regiones del país se anuncia la aparición de ejércitos antirrestitución en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira.
En ese sentido el senador indígena Germán Carlosama, del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) le pidió al Gobierno nacional garantizar la seguridad de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y victimas del conflicto en Nariño, “como Movicenar, Fundepaz y CPDH asentadas en el departamento de Nariño y que a través del Comité de Impulso del Departamento de Nariño vienen adelantando unos procesos de defensa de las víctimas por el conflicto armado recrudecido en nuestro departamento y se está adelantando un trabajo relacionado con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que han generado amenazas de un grupo de antirrestitución Gar-Nariño, que consideramos de la mayor gravedad donde no solo se amenaza a estas organizaciones hermanas sino a la institucionalidad teniendo en cuenta que este es una política del Estado para restablecer las tierras de nuestros indígenas, campesinos y comunidades negras”, indicó.