Ante el impacto que dejó en el país la reciente ola invernal y los anuncios de que se avecina otro periodo de lluvias, el gremio de los seguros, Fasecolda, puso en evidencia que el actual Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988, es un mecanismo insuficiente para responder a las situaciones de desastre y calamidad.

El presidente de Fasecolda Roberto Junguito en un análisis sostiene que los actuales instrumentos legales vigentes no permiten recaudar los recursos ni adoptar las medidas en materia presupuestal, fiscal y, en general, de orden legal, necesarias para conjurar las crisis y evitar la extensión de sus efectos.

Afirma que en estas circunstancias y considerando que Colombia, por su ubicación y geografía se encuentra expuesta a amenazas de origen natural, como las inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos, el Gobierno Nacional sometió al Congreso el Proyecto de Ley 050 del 2011, por el cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Indica que este proyecto propone transformar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres centrado en la atención de emergencias, en un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dirigido a reducir la vulnerabilidad ante las amenazas y el impacto real de los desastres.

Señala que para este efecto, el proyecto sugiere aprovechar las ventajas de anticipar la ocurrencia de desastres, mediante la puesta en marcha de un sistema integrado de información. Este sistema será la base de conocimiento para la evaluación de riesgos, y facilitará la toma de decisiones para su mitigación y transferencia, así como la atención y reconstrucción post desastre.

Afirma Junguito en su informe que desde el ámbito del financiamiento, la iniciativa establece mecanismos e instrumentos ex ante de retención y transferencia del riesgo con el fin de acceder, luego de la ocurrencia de un siniestro, a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la recuperación.

También crea el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como una cuenta especial de la Nación, cuyos objetivos generales son el recaudo y el desarrollo de herramientas de protección financiera y distribución de los recursos necesarios para la implementación de la política de gestión del riesgo de desastres.

Sostiene Roberto Junguito que el instrumento propuesto para asegurar los recursos requeridos es una renta de destinación específica, correspondiente a una apropiación no inferior a 0,9% de los gastos corrientes del Gobierno Nacional.

Adicionalmente, se facilitan los trámites para la contratación de empréstitos externos o internos que requieran celebrar el Gobierno Nacional, las entidades descentralizadas, los departamentos y municipios con el fin de atender situaciones de desastre o calamidad pública declaradas.

Por su parte, el director de la Cámara de Incendios y Terremotos de la misma entidad, Carlos Varela, explicó que solamente 5 ó 8 por ciento de las empresas, microempresas e industriales cuentan con un mecanismo de protección contra riesgos climáticos.

De acuerdo con el funcionario, las pérdidas por siniestros en la primera temporada invernal ascendieron a 600 mil millones de pesos. Y las pérdidas fueron cercanas a 8 billones de pesos por múltiples factores de acuerdo con el reporte del Estado colombiano.

“Hemos visto que se ha afectado casi todo el portafolio en el manejo de tipo de riesgos como la industria, pymes, hogar y algunos sectores del campo estatal”, comentó.
Agregó que de cara a la nueva ola invernal hay gran preocupación por el bajo nivel de cumplimiento de las obras en las zonas afectadas por el invierno.