EL PROYECTO que propone atender a las víctimas por ataques con ácido como afectadas por una enfermedad catastrófica, de tal manera que puedan recibir los beneficios establecidos en la Ley 972 de 2005, ya tiene ponencia positiva para su primer debate en la Comisión Séptima del Senado.

El equipo de ponentes, integrado por el autor de la iniciativa, el senador Orlando Castañeda, del Centro Democrático, Sofía Gaviria, del Partido Liberal, Nadia Blel y Yamina Pestana, del Partido Conservador, le pedirá a la Comisión, tan pronto se reanude la legislatura, que se apruebe el informe que está publicado desde el 7 de diciembre.

Se trata del proyecto de ley número 112 de 2015 Cámara, “por medio del cual se modifica el artículo 5º de la Ley 1639 de 2013, se crean otras medidas de protección a favor de las víctimas de ataques con sustancias corrosivas y se dictan otras disposiciones”, radicado el 4 de noviembre por Castañeda y sus copartidarios Alfredo Ramos, Honorio Henríquez, Iván Duque y Fernando Nicolás Araújo.

Dentro de las características del proyecto establece que a través del médico especialista tratante, las víctimas puedan acceder a insumos, procedimientos y tecnologías que el especialista requiera para su atención. Las EPS garantizarán al afiliado en menos de 24 horas todo lo solicitado por el especialista para su atención, de lo que puede variar enormemente el resultado positivo del tratamiento. Por ningún motivo la EPS podrá suspender el tratamiento, negar procedimientos o retrasarlos.

Para el senador Castañeda resulta alarmante que “de acuerdo a cifras suministradas por Medicina Legal, entre el año 2014 y finales de abril de 2015, 133 personas fueron atacadas con sustancias o agentes químicos corrosivos en la piel. De las cuales el 76 por ciento de las víctimas está entre los 18 a 59 años de edad, la edad más productiva y en relación a otras cifras son 271 víctimas”.

La iniciativa busca además que Medicina Legal otorgue a estas víctimas una incapacidad inicial que corresponda al tiempo promedio que se pueda emplear en la recuperación y rehabilitación de un paciente en dichas condiciones, a fin de evitar en lo posible a la víctima, la pérdida de su empleo.

También afirmó Castañeda que se otorgará un subsidio equivalente a un salario mínimo de apoyo temporal, cuya duración será por cuatro meses prorrogables por única vez, con el fin de apoyar los traslados, alimentación y acceso a los servicios médicos, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en el proyecto; además si la víctima queda con incapacidad permanente será incluida en el plan de víctimas del conflicto.

El proyecto establece también que el Gobierno nacional se encargará de garantizar la capacitación del personal estatal que pueda tener contacto primario con una víctima de ataque con ácidos, a fin de darle la atención correspondiente, esto incluye al personal de la Policía, el Instituto Nacional de Medicina Legal, y el Ministerio de Salud se encargará de que los profesionales médicos de rotación de urgencias tengan capacitación permanente en las Unidades de Quemados principales del País, y conozcan el tratamiento inmediato a una persona atacada por sustancias o agentes químicos corrosivos.

Ruta de atención deficiente

En la exposición de motivos, los congresistas detallaron cómo “la Defensoría del Pueblo informa que, de los 31 ataques con agentes químicos que ha atendido, la mayoría de las víctimas además de ser mujeres poseen ‘difíciles condiciones socioeconómicas, y con quemaduras de segundo, tercer, y cuarto grado, en diversas partes del cuerpo, que afectan de manera grave su funcionalidad visual, auditiva y de movilidad, además de profundas afectaciones psicológicas’. Esto es lo que crea la necesidad de replantear cómo tratar a las víctimas de ataques con sustancias y agentes químicos corrosivos, a fin de que en algo se pueda disminuir el impacto personal, familiar, económico y social que deja a su vez este delito”.

“Una caracterización importante de la situación de estas víctimas aportada por la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal, muestra que la mayoría de víctimas solamente tenía grado de escolaridad de básica primaria y que la siguiente porción más grande corresponde a población que solo tiene secundaria, sumado esto a las condiciones nuevas que genera la agresión con ácido o cualquier otro agente químico corrosivo, la víctima queda expuesta a un grado mayor de vulnerabilidad y pobreza”, indicaron los senadores uribistas.

Como si fuera poco, señalaron, “una revisión de la aplicación de las rutas de atención y del acceso pleno a los insumos y servicios necesarios para la rehabilitación oportuna de los pacientes víctimas de ataques con sustancias y/o agentes corrosivos nos devela que el sistema necesita mejorar especialmente por las condiciones de vulnerabilidad de estas víctimas. Se espera entonces un apoyo mayor por parte del Estado. Esto solo será posible a través de una directriz legal más clara que pueda reivindicar los derechos de esta población tal como se intenta hacer a través de este proyecto de ley”.