Unos 1.500 kilómetros cuadrados de cocales en la región andina han mantenido su superficie estable a lo largo de los años, alimentando un mercado de la cocaína de más de 100.000 millones de dólares, pese a los esfuerzos desplegados contra la producción de esta droga ilegal.

Casi 20 años de cruenta guerra contra las drogas junto a miles de millones de dólares invertidos le han dado algún resultado a Colombia, que aspira este año a cederle el primer lugar mundial como productor de cocaína a Perú.

Pero el declive de Colombia, tanto en área cultivada como en refinación, rendimiento de la hoja y rentabilidad del negocio, se compensa con aumentos constantes en Perú y Bolivia, los otros dos principales productores en el mundo.

Es el efecto globo del narcotráfico, que se aplica tanto a la producción como al trasiego: se aprieta en un lado y crece en otro. Y el área cultivada se mantiene estable a lo largo de los años, equivalente a la suma de los territorios de Singapur y el emirato de Bahréin.

Hasta 2010, Colombia rivalizaba con Perú tanto en áreas sembradas (62.000 hectáreas en Colombia y 61.200 en Perú) como en producción de clorhidrato de cocaína (350 toneladas anuales en Colombia y 320 en Perú).

 

Cifras

 

Pero para 2011, los expertos proyectaban que Perú pasaría a ocupar el primer puesto en ambos aspectos.

"Todo lo que se ha disminuido en Colombia se ha devuelto a Perú y Bolivia. Los laboratorios han ido a Ecuador y Venezuela, y el tráfico a Centroamérica y a México", señaló el economista colombiano Daniel Mejía, director del Centro de estudios sobre seguridad y drogas de la Universidad de los Andes.

El informe 2012 de la ONU sobre drogas, difundido el 26 de junio, no confirmó el ascenso de Perú ya que fue publicado sin los datos de sembradíos y producción de cocaína correspondientes a 2011.

El reporte destacó la "muy importante reducción de la elaboración de cocaína en Colombia" desde 2006, cuando su producción anual alcanzaba las 660 toneladas.

 

Evolución predial

 

Ese mapa contrasta con el de hace 20 años, cuando los cárteles del narcotráfico colombianos eran los más poderosos y controlaban desde la siembra hasta la venta menuda en las calles de las ciudades estadounidenses.

Los cárteles colombianos habían comenzado participando sólo en el tráfico de cocaína, que traían de Perú y en menor medida de Bolivia.

Pero las plantaciones y laboratorios se trasladaron a Colombia a principios de los años 1990, luego de que el entonces presidente peruano Alberto Fujimori decretó una interdicción aérea que dificultó el tráfico. Esa interdicción estuvo vigente hasta 2001, cuando fue derribada por error una avioneta en la que viajaban misioneros estadounidenses.

La violencia que desataron los narcotraficantes colombianos llevó a que se les considerase un desafío al Estado y su combate se convirtió en un asunto de seguridad nacional, desatando una guerra que ha dejado miles de muertos.

"La diferencia de Colombia con los otros productores de coca es que en este país ha habido un conflicto armado interno desde mediados de los años 1960", señaló Mejía.

"Cuando las Farc y los paramilitares se vincularon al negocio de la cocaína ya eran ejércitos formados", señaló Mejía.

En 2000, el gobierno Pastrana suscribió con Estados Unidos el Plan Colombia, de lucha antidrogas y contra las guerrillas, con el cual el país ha recibido hasta ahora unos 8.000 millones de dólares, además de cooperación en entrenamiento y tecnología.

El Plan Colombia implicó también una interdicción aérea, lo que ha llevado a que la droga salga por vía terrestre y marítima, incluso con la fabricación de semisumergibles artesanales.

Desde entonces, los grupos narcotraficantes colombianos se han fragmentado, han perdido el control de las rutas de exportación y ven sus ingresos reducidos.

La fumigación de los cultivos de coca, que únicamente se practica en Colombia, ha hecho caer la edad promedio de las plantas y por tanto su productividad.

Además, para evitar su detección, los lotes que llegaron a ser de hasta 100 hectáreas tienen hoy extensiones promedio de 0,6 hectáreas. Eso obliga al acopio de producciones de calidades diferentes y requiere de procesos adicionales de oxidación para la elaboración de la pasta base, según estudios de la ONU.

Y ha provocado que un campesino dedicado a la hoja de coca obtenga tan solo entre 400.000 y 500.000 pesos mensuales, menos que el salario mínimo.

"Se calcula que el negocio de las drogas en Colombia produce unos 8.000 millones de dólares anuales, equivalentes a 2,3% del Producto Interno Bruto. De ese monto, 71% se destina a remunerar al eslabón del tráfico, 9% al del cultivo, 5% a la transformación en pasta base y 15% a la trasformación en clorhidrato" de cocaína, el producto final, apuntó Mejía.

Para Aldo Lale Demoz, representante en Colombia de la oficina de la ONU contra la droga y el delito (UNODC), pese a los logros en el combate a los estupefacientes, el problema seguirá existiendo.

"Es iluso pensar que se va a acabar con el problema. Lo que se pretende es controlarlo, que la droga sea de difícil acceso y cara, que no llegue a los menores de 18 años", dijo Lale Demoz.

 

Más cultivo, poca violencia

 

Así como en Colombia el negocio se deprime, en Bolivia se aplican técnicas que prácticamente han duplicado el rendimiento de la hoja de coca, con el uso de precursores químicos con los que se extrae más eficientemente el alcaloide, según la UNODC.

A diferencia de Colombia y Perú, que cooperan estrechamente con Estados Unidos, el gran mercado consumidor de drogas, Bolivia expulsó en 2009 a la agencia estadounidense antidrogas DEA.

Su producción está destinada principalmente a Brasil, donde el consumo de cocaína y anfetaminas se ha cuadriplicado en la última década, y a Europa.

Se estima que de las 115 toneladas de producción anual de cocaína en Bolivia, 60% pasa a Brasil, país que este año comenzó a ofrecerle asistencia para el control de las plantaciones.

Bolivia cuenta con unas 31.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, de los cuales 12.000 están destinados a usos tradicionales y son legales.

También en Perú, donde se calcula que hay 4 millones de personas que mascan coca, parte de los sembradíos sirven al uso tradicional de la hoja.

Pero allí la siembra se ha intensificado en los años recientes. De un promedio de 80.000 plantas por hectárea en los cultivos para uso tradicional, se sube hasta 350.000 en el Valle del Río Apurimac y Enec (VRAE, sur), una de las dos grandes cuencas de producción de ese país, junto con el Valle del Alto Huallaga (norte), según el economista peruano y ex viceministro del Ambiente Hugo Cabieses.

Y aunque en esos dos valles hay presencia de grupos armados remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que cuidan los cultivos y se benefician del negocio de la droga, no se genera la violencia que ha estigmatizado a Colombia.

"En el Valle del Apurimac actúa la familia Quispe Palomino, que tiene una propuesta política focalizada en el territorio que controlan. Tratan de no provocar muertes entre los líderes de la zona y eso les ha permitido una articulación con los movimientos sociales del lugar", explicó Cabieses.

En el valle de Huallaga, en cambio, aunque se actúa con violencia los crímenes no causan alarma en el país.

"Se trata de una zona rural, muy pobre y aislada. La violencia está concentrada allí, pero no trasciende a nivel nacional y no incide de modo importante en el índice de homicidios del país", apuntó Javier Ciurlizza, director del programa para América Latina del grupo de análisis de conflictos International Crisis Group./AFP