Un importante número de iniciativas de ley que esencialmente benefician a la gente del común, ha sido tramitado por el Congreso en la segunda legislatura que está por terminar. EL NUEVO SIGLO hace un balance del estado en que se encuentran y su importancia

 

Acceso al agua

En manos de la Cámara de Representantes quedó salvar en su trámite en la primera vuelta, el proyecto de reforma constitucional que eleva  el acceso al agua como un derecho fundamental. El Senado de la República le dio prisa al trámite y logró entre el 4 de mayo y el 17 de mayo aprobarlo en dos debates.

Pero ahora el tiempo es el peor enemigo para este proyecto respaldado por varios partidos, pues la Cámara tiene apenas hasta el 16 de junio para evacuarlo en los dos debates que les faltan. De lo contrario se hundirá por tiempos.

La importancia de este proyecto radica en que al establecer el agua como derecho fundamental en la Constitución, teniendo en cuenta que es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos de esta y las generaciones futuras, el Estado se vería en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y garantizar a la población el acceso al vital líquido para atender sus necesidades básicas.

Lo que ha sucedido en el departamento de La Guajira por la falta de agua debido a fenómenos naturales como El Niño, pero también por la imprevisión del Estado, como lo ha señalado la Procuraduría,  es una muestra de cómo se puede ver afectada la población por la carencia del líquido.

 

Búsqueda de menores perdidos

Pendiente de que reciba primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes está el proyecto de ley que creael sistema de búsqueda de niños y adolescentes reportados como ausentes, desaparecidos, secuestrados, sustraídos, extraviados o privados ilegalmente de su libertad, con el fin de garantizar su localización y su pronto reintegro a su entorno familiar.

La iniciativa del Movimiento MIRA indica que según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la información disponible en el Registro Nacional de Desaparecidos (Sirdec), entre los años 2004 y 2015 se reportó un total de 27.054 casos de niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales fueron encontrados muertos 118 niñas y 298 niños, se encontraron vivos 8.235 niñas y 4.105 niños, y continúan desaparecidos hasta la fecha de la respuesta 8.105 niñas y 6.193 niños.

Es poco probable que la Comisión Primera de la Cámara alcance a darle debate a este proyecto en lo que resta de esta legislatura, sin embargo quedará en tránsito para la tercera legislatura.

Código de Convivencia

Mañana, la Comisión Primera de la Cámara tiene encabezando el orden del día la votación en tercer debate del proyecto de ley por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Esta iniciativa ya se ha hundido dos veces en los últimos 5 años, lo que podría ocurrir también en esta oportunidad, pues la Cámara tiene hasta el 16 de junio para aprobarla en los debates que le faltan. De lo contrario se ahogaría tomando en consideración que fue radicada el 29 de septiembre de 2014 por el Ministerio de Defensa y parlamentarios de varios partidos, pero su trámite no se puede extender por más de dos legislaturas.

Es urgente la necesidad de actualizar el Código de Policía, pues el actual se quedó atrás frente a los vertiginosos cambios que ha sufrido la sociedad colombiana en las últimas décadas. La norma vigente es  el Decreto 1355 de 1970, en la cual hay normas que están en desuso.

La sociedad colombiana hoy tiene más derechos, pero también más responsabilidades. A la par la convivencia es un reto en donde la violencia y la conflictividad ganan terreno.

 

Medidas de aseguramiento

Se espera que esta semana o a más tardar la próxima, las plenarias de Senado y Cámara aprueben en último debate el proyecto que presentó en abril pasado con mensaje de urgencia el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para ampliar por un año más la entrada en vigor de la Ley 1760 para los delitos especiales (como genocidio, desaparición forzada, terrorismo y  homicidio agravado), evitando así la excarcelación masiva de cerca de 4 mil sindicados.

Y es que precisamente la Ley 1760 de 2015 estableció en un año los términos de la detención preventiva, dando cumplimiento de esta forma el Congreso a una sentencia de la Corte Constitucional para evitar los excesos en que estaba cayendo el sistema judicial colombiano, pues las personas duraban hasta tres años sin que les resolvieran su situación jurídica.

A pesar de que esta Ley estableció un plazo de un año para entrar en vigor, el cual se cumplirá el próximo 6 de julio, la justicia en ese tiempo  no ha podido resolver la situación de cerca de 14 mil personas sindicadas, según cifras del Ministerio de Justicia.

 

Reclutamiento

A la espera de su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes está el proyecto que reglamenta el servicio de reclutamiento.

Se trata de la iniciativa de ley No.  101/15 Cámara, de autoría del senador Mauricio Aguilar Hurtado y la representante a la Cámara, María Eugenia Triana Vargas, los dos del Partido Opción; la cual fue acumulada con el proyecto 154/15 Cámara, presentado por el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas. 

Teniendo en cuenta que el servicio militar obligatorio se presta actualmente bajo cuatro formas: regulares, bachilleres, auxiliares bachilleres y campesinos, con esta iniciativa se unifica la modalidad en la prestación del servicio.

Además, esta propuesta legislativa unifica la modalidad del servicio y equipara el tiempo de la prestación a 18 meses, para que los jóvenes colombianos reciban un trato justo e igualitario donde no exista ningún tipo de diferencia para efectos de su incorporación a las filas, según expresa esta iniciativa en su parte motiva.

Por último se señala que en aras de promover la realización de los proyectos de vida de los jóvenes colombianos, en coordinación con las autoridades de reclutamiento, se disminuye la edad en que las personas podrán ser incorporadas a la filas y se establece hasta faltando un día para cumplir 24 años.

La iniciativa quedará en tránsito a la próxima legislatura para cumplir con los debates que le faltan.

 

Ser Pilo Paga

A la espera de recibir el primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara está el proyecto de ley por la cual se convierte en política de Estado el programa Ser Pilo Paga, garantizando de esta manera el acceso a la educación superior de los estudiantes con menores ingresos en todo el territorio colombiano.

Se trata de un programa de subsidios que ha adelantado el presidente Santos en su segundo mandato,liderado por el Ministerio de Educación Nacional en compañía con el Icetex desde el 2015, el cual ha beneficiado a más de 22 mil jóvenes de escasos recursos en todo el país, dándoles la oportunidad de estudiar en las mejores universidades públicas y privadas del país.

Si el programa Ser Pilo Paga se llegara a convertir en política de Estado garantizaría su continuidad al finalizar este Gobierno.

El proyecto queda en tránsito para su estudio en la tercera legislatura del Congreso de la República, que se iniciará el próximo 20 de julio.

 

Alimentación escolar

Pendiente de ponencia para primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes está el proyecto de ley que presentó la ministra de Educación, Gina Parody, por la cual se regula el Programa de Alimentación Escolar, se crea la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar, se modifican disposiciones orgánicas referentes a la utilización de recursos destinados a la alimentación escolar.

La iniciativa busca ponerle coto a los abusos que se han agudizado en los últimos meses con la alimentación escolar con los proveedores, especialmente en la costa norte. Son muchas las denuncias documentadas que ponen en evidencias que algunos pocos se quedan con la mayoría de los contratos, a pesar de las licitaciones. Y lo que es peor, es deficiente la calidad de los alimentos que entregan a los niños. No son pocos los casos en que se ha evidenciado comida pasada de la fecha de vencimiento o que no corresponde a la cantidad exigida.

A diferencia de los modelos anteriores el que se propone le asigna a las entidades territoriales certificadas la facultad para decidir si implementan un esquema de operación descentralizado o si por el contrario, le asignan esta competencia a la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA), entidad que se crea para operar el PAE en subsidio de las entidades territoriales, así como para definir los lineamientos, brindar asistencia técnica y hacer seguimiento permanente a la operación del programa. 

Adicionalmente, el proyecto busca favorecer la transparencia en la contratación de la operación mediante la inclusión de un nuevo mecanismo expedito y pertinente al objeto de la contratación del servicio de alimentación escolar, explica el Ministerio de Educación Nacional.

Asimismo, el proyecto ofrece la posibilidad a la ANA de asumir la operación temporal del PAE en aquellas entidades territoriales que demuestren incapacidad administrativa para operar el programa en sus jurisdicciones, lo que constituye un mecanismo de intervención para asegurar la adecuada prestación del servicio.

Por último, el proyecto de ley incorpora un régimen de transición que permite el tránsito del actual modelo descentralizado al esquema mixto mientras entra en funcionamiento la ANA.

El proyecto queda en tránsito para la tercera legislatura del Congreso de la República.

 

Cobro por reconexión

En tránsito para el cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra el proyecto de ley  por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994 eliminando el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales.

El proyecto de ley, según los autores, tiene como finalidad esencial aliviar la situación de miles de colombianos, principalmente los de estratos más bajos de la población, que a diario ven frustrada la posibilidad de disfrutar de los servicios públicos esenciales para llevar una vida digna, debido a que no tienen con qué pagar los altos costos que las empresas cobran por concepto de reconexión o reinstalación, después de la suspensión o corte del servicio por falta de pago de las facturas.

 

“La mora en el pago de uno o varios meses ya por sí misma denota las precarias condiciones de vida de los usuarios que a ella se ven abocados. El que deja de pagar una factura de servicios públicos es porque materialmente le ha sido imposible reunir el dinero necesario para cubrir esa obligación. A veces, afirman muchos usuarios, les toca dejar de comer para pagar los servicios. De manera que nadie en condiciones normales se queda sin servicios públicos por simple capricho”, indica el proyecto de origen parlamentario.

De no alcanzar la plenaria de la Cámara a dar el cuarto debate a este proyecto, pasará en tránsito a la próxima legislatura.