Apenas iniciando este año, la Fiscalía anunció que acusará al exgerente de la campaña presidencial santista en 2014, Roberto Prieto. Sería apenas la punta del iceberg de más imputaciones en esta investigación que tiene más de un año
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No ha pasado la primera semana de este año y ya la Fiscalía anunció que por el escándalo de las coimas que pagó la multinacional Odebrecht imputará cargos al exgerente de la campaña del presidente Santos para los comicios de 2014, Roberto Prieto. Sería el preámbulo de más decisiones que por estos hechos tomará en las próximas semanas el ente acusador en una investigación que cumplió más de un año.
Prieto fue uno de los primeros mencionados por el exsenador Otto Bula, quien fue el segundo capturado por los sobornos por más de $80 mil millones que pagó Odebrecht a políticos y funcionarios para quedarse con contratos de obra pública.
Bula aseguró que a través de un amigo de Prieto le hizo llegar un millón de dólares cuando oficiaba como gerente de la campaña santista, lo cual fue negado por éste en una investigación que hasta el momento no presenta resultados.
No obstante la imputación de cargos que anunció la Fiscalía a Prieto por los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, tiene que ver con el desarrollo de una de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía en el caso de la Ruta del Sol III.
Para los fiscales, Prieto, presuntamente, habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, para la construcción del puente Plato (Magdalena) en ese proyecto.Por dicha gestión Prieto habría obtenido el pago de $650 millones.
A continuación cómo avanzan las principales investigaciones por este sonado escándalo.
1. Elías
Durante la audiencia de aceptación de cargos ante la Corte Suprema, el suspendido senador Bernardo Elías reconoció que sirvió como canal para que dineros de Odebrecht llegaran a campañas políticas. Al reconocer el delito de cohecho y tráfico de influencias, anunció que revelará el paradero de los dineros que, dice, entregó a campañas políticas. Su confesión puede llevar a la cárcel a otros políticos. El congresista se convertirá en el primer parlamentario en ser condenado por el escándalo. La Corte Suprema de Justicia aceptó la sentencia anticipada. Elías también reconoció haber influido en reuniones entre el director de la ANI y un directivo de Odebrecht.
2. García
El ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, fue condenado a una pena de cinco años y dos meses de prisión. El polémico contrato por el que hoy es condenado García Morales fue firmado en enero del 2010 por 2,4 billones de pesos, del que –de acuerdo con la investigación– el detenido exigió dinero para que apartara del camino a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión a la firma brasileña. García deberá pagar una multa de $63 millones.
3. Grupo Buldozer
Varios congresistas conformarían el brazo en la política al servicio de Odebrecht, denominado por la Fiscalía grupo ‘Los Buldozer’, para facilitar que se quedara con contratos. Uno de estos es el de estabilidad jurídica que tenía que firmarse antes de diciembre de 2012 y otro es el presunto pago de una coima por $50.000 millones para el favorecimiento de Odebrecht en la firma del otrosí para Ocaña-Gamarra. La vicefiscal María Riveros indicó que del grupo harían parte los senadores Armando Benedetti, Musa Besaile, Bernardo Elías y Antonio Guerra. A ellos se suman los senadores Álvaro Ashton, Sandra Villadiego y Martín Morales, y el representante Ape Cuello.
El mes pasado, la Corte abrió investigación por estos hechos a los senadores Álvaro Ashton, Martín Emilio Morales y Sandra Villadiego.
También la Fiscalía compulsó copias a la Corte en el caso del exsenador Plinio Olano, quien habría recibido pagos de Odebrecht a través de un sobreprecio de $500 millones en una obra.
Igualmente y en relación con otras gestiones que habría adelantado ante Odebrecht por el entonces senador Plinio Olano, a favor del ex gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, actual contralor de Bogotá, fueron compulsadas copias a la Corte.
4. Andrade
El exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, fue cobijado con casa cárcel. El Juzgado 57 no hizo caso a la Fiscalía y la Procuraduría de acogerlo con prisión en establecimiento carcelario. A Andrade se le investiga por la adición presupuestal que favoreció a la firma Odebrecht para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra y la navegabilidad del río Magdalena, hechos ocurridos cuando fungía como presidente de la ANI.
5. Correa
El Juzgado 12 de Garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad que la Fiscalía solicitó en favor de Juan Sebastián Correa, uno de los protagonistas en la repartija de dineros de Odebrecht y antiguo asesor del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. Con esta decisión, el ente investigativo suspende –por un año– tres de los cuatro delitos por los cuales él estaba siendo investigado: tráfico de influencias, amenaza a testigo y falso testimonio.
Solo será judicializado por el delito de abuso de función pública, el cual no da cárcel, por lo tanto fue ordenada su libertad.
6. Empresarios
A tres ex directivos brasileños de Odebrecht, les fue negado el principio de oportunidad por la juez 41 con funciones de control de garantías de Bogotá. Los empresarios denunciaron el pago de sobornos en Colombia a cambio de contratos de infraestructura. El beneficio judicial otorgaba inmunidad total para Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soarez, y Luiz Antonio Bueno Junior, quienes se comprometen a colaborar con información que le permita a la Fiscalía avanzar en las investigaciones.
Igualmente en los próximos días, la Fiscalía presentará el escrito de acusación contra los empresarios Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar Lora, Federico Gaviria y Gustavo Adolfo Torres, quienes habrían utilizado sus empresas para el ingreso al país de las coimas entregadas por Odebrecht.
7. Ex ministras
Luego de declarar las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody ante la Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema, sobre su supuesta complicidad en proyectos de infraestructura donde aparentemente participó Odebrecht, se desconoce la suerte jurídica de las ex funcionarias. A Parody se le investiga porque cuando era ministra de Educación y se suscribió el Conpes 3817 de 2014 que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol sector 2, se encontraba en un conflicto de intereses o estaba impedida para actuar, ya que podría beneficiar a su familia que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Por los mismos hechos es investigada la exministra Álvarez si incurrió en alguna irregularidad en la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra, mediante el Otrosí 6. De momento Parody y Álvarez han cumplido con las citaciones de los jueces cuando son requeridas.
8. Proyecto Tunjuelo-Canoas
La Fiscalía encontró presuntos actos de corrupción en el contrato para el diseño, construcción y puesta en operación del túnel Tunjuelo-Canoas para el sistema de alcantarillado, que celebró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Según la Fiscalía, se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, entre quienes se encontrarían Emilio Tapia, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo, quienes habrían pactado el pago de comisiones que terminarían por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. El Consorcio Canoas está compuesto por la empresa CASS, del Grupo Solarte y Odebrecht. Los subcontratistas involucrados son Andrés Cardona, Orlando Fajardo y Gabriel Nieto. Cardona está privado lo mismo que los hermanos Moreno.
A mediados de diciembre pasado, fue legalizada la captura de Fajardo y el juez lo envió a la cárcel La Modelo de Bogotá, imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer.
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