Definitivamente, la Presidencia de la República carece de Oficina Jurídica. Más bien tiene estribo porque se lo pasa metiendo la pata. Ocurrió que el presidente Santos, en su última salida, dejó perplejos a los gurús de la cosa jurídica al recomendarle que pidiera la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional mediante la cual fue declarado inexequible el acto legislativo que estableció la reforma al fuero penal militar. Elevó la inopinada solicitud pese a que el artículo 49 del Decreto 2067 del 91, en el que se reglamentan los procesos de inconstitucionalidad, establece perentoriamente que contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede ningún recurso y que cuando se trata de vicios en el proceso, las nulidades no pueden ser alegadas sino con anterioridad a la expedición de la correspondiente sentencia. Al  Presidente no lo asesoran bien... Lo peor es que esto ocurra estando tan recién posesionado el nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien no atajó semejante exabrupto.

Un autogol. En medio de la euforia que hubo en el país por la clasificación al Mundial de Brasil el año próximo, una gran oportunidad histórica para este deporte en nuestro país se está perdiendo con la forma en que agoniza en el Congreso el proyecto de ley que busca regular las relaciones laborales entre los jugadores y sus patronos, es decir, los clubes profesionales.

Para nadie es un secreto que alrededor de este atractivo negocio se mueve mucho dinero que, incluso, se convierte en la tentación para multinacionales del crimen como el narcotráfico, que lo aprovechan para lavar sus oscuras ganancias. Todos saben que no hablamos de hipótesis porque particularmente en Colombia no hemos sido ajenos a esa situación.

Sin seguridad social. Pese a las multimillonarias cifras que maneja el negocio, lo increíble es el informalismo en que se encuentran los protagonistas del espectáculo, es decir, los jugadores. No es secreto que en muchos casos no les pagan seguridad social, les incumplen las obligaciones salariales, los obligan a jugar sin que haya un contrato de trabajo de por medio y les timan la comisión que deben recibir por su transferencia a otro club.

Ministro y Superintendente de Sociedades. El proyecto de Ley que presentó el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, al que se llegó después de 20 reuniones en el último año con los voceros de los futbolistas (Acolfutpro), la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor, la FIFA  y los exfutbolistas (Socex), siempre fue bien visto por la opinión colombiana en general y se suponía iba a sentar las bases para superar esas condiciones de una informalidad en la que a las personas las negocian como mercancía. Una situación que, además, es caldo de cultivo para la evasión de impuestos, el lavado de activos y hasta la trata de personas. Afortunadamente Colombia cuenta con un valiente superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, quien actúa como defensor central del fútbol colombiano. A propósito, a todas estas qué opinará Simón Gaviria, hincha número uno del Deportivo Pereira, club al que le retiraron su reconocimiento deportivo por incumplimientos laborales.