El Juez 33 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria a 4 personas, investigadas por la apropiación ilegal de un terreno de la Corporación Eléctrica de la Costa  Atlántica (Corelca).

El juez de garantías consideró ajustado a derecho la exposición de motivos fundados que presentó la Fiscal 13 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, para enviar con detención domiciliaria al Juez 35 Civil del Circuito de Bogotá, Luis Guillermo Bolaños Sánchez; al Juez 5° Administrativo de Bogotá, Pablo Alfonso Correa Peña; al gerente de la firma de ingenieros FG SAS, Honorato Galvis Panqueva, y al contador de la firma Conequipos, Jorge Augusto Dávila Palacios.

Estas personas, según la fiscal del caso, serían presuntas responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y cohecho propio.

En lo relacionado con la actuación del Juez 29 Civil, aceptó una tutela sin tener en cuenta la territorialidad del caso, pues se trataba de un proceso de Cartagena (Bolívar) y de Barranquilla (Atlántico), inclusive haciendo caso omiso a las advertencias que sobre el proceso había realizado la empresa Corelca y la misma DIAN.

Sobre el Juez 35, es estableció que actuó en segunda instancia y obvió las advertencias que había de otros organismos, asimismo dio luz verde a la actuación del Juez 29, favoreciendo a los tutelantes, en este caso los dos particulares que representaban a las empresas de ingenieros.

La fiscal del caso aseguró que los dos jueces gracias a la entrega de una millonaria suma de dinero, dieron su aval para que los tutelantes se pudieran apropiar de manera ilegal de los terrenos que había cedido Corelca a  64 familias.

Sobre la historia del litigio, la fiscal del caso indicó que a raíz de las obras de extensión de redes eléctricas de alta tensión que  proyectó Corelca en sectores rurales del municipio de Mompox (Bolívar), para los años 1998 y 1999, por lo menos 64 familias campesinas, por cuyos predios pasaron las redes, se vieron afectadas, interponiendo éstas una demanda contra la empresa electrificadora.

Posteriormente para resarcir a los damnificados, la entidad optó por ceder un terreno cerca de la ciudad de Cartagena siendo escogido el predio de 34 hectáreas, denominado Mamonal, 12 de las cuales correspondían a una isla,  sector considerado reserva forestal.

Por  gestión del  abogado de las víctimas se realizaron escrituras con dos propietarios falsos, las cuales se tramitaron ante el juez de Mompox, la registradora de Cartagena, el notario de Barranquilla y el exgerente de Corelca, quienes dieron su aval a los documentos, pese a las advertencias de la Oficina de la DIAN y la propia empresa electrificadora.

Para  los años 2008 y 2009, los  imputados continuaron realizando la gestión de los documentos, concediendo la propiedad a dos particulares, quienes  negociaron el predio con una entidad de Ingenieros.

Los investigados causaron un detrimento patrimonial al estado en suma cercana a los $14 000 000 000, valor del predio  Mamonal, cedido a las familias afectadas.

Durante la realización de la audiencia los imputados no aceptaron los cargos endilgados, siendo enviados con medida de aseguramiento a sus lugares de residencia.