Por exigirle 500 millones de pesos al propietario de una estación de gasolina con trámite de extinción de dominio para otorgarle ese bien en arrendamiento, un depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue cobijado con medida de aseguramiento por un juez de la República.

Un fiscal especializado de Villavicencio (Meta) pidió la medida de aseguramiento a un juez de control de garantías en contra de Freddy René Quintero Camacho, teniente retirado de la Policía, quien es depositario de bienes otorgados por la DNE. A este hombre se le sindica como autor del delito de concusión agravada. La misma petición se hizo contra su su hermano Berney Quintero Camacho, como posible partícipe interviniente.

Los hechos investigados ocurrieron el 1 de junio de 2014, cuando los hermanos Quintero habrían advertido al propietario del establecimiento comercial por un proceso de extinción de dominio que se adelantaba en su contra en la Fiscalía General de la Nación y que afectaría 18 propiedades.

En esa oportunidad, un supuesto abogado le manifestó que sería objeto de exhaustivas investigaciones sobre su patrimonio. También le mostraron un listado que, según la víctima, algunos ya se habían vendido con anterioridad.

El afectado fue citado en Bogotá donde, nuevamente, le pidieron dinero para que  solo le afectaran dos bienes que él escogiera y que fueran los que menos lo perjudicaran. Después, le ofrecieron un contrato de arrendamiento sobre la estación de gasolina a través de un tercero pero si entregaba el dinero exigido.

Durante negociaciones efectuadas por los hijos de la víctima, se logró un acuerdo para entregar 180 millones de pesos, pero Freddy René Quintero, quien fungía como depositario del bien, manifestó que de las utilidades debían entregar cuatro millones de pesos mensuales.

Las víctimas concertaron la entrega del dinero y durante la misma, los procesados fueron aprehendidos por las autoridades en flagrancia con 100 millones de pesos que le habían entregado al extorisionista.

En la decisión, el Juez Sexto Penal municipal de Villavicencio les impuso la medida de aseguramiento, pero les concedió la sustitución por detención preventiva en su lugar de residencia en Bogotá.