Con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, la Juez 14 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías cobijó a tres agentes de Policía, investigados por la retención ilegal de dos personas y la pérdida de 14 celulares de alta gama.

Por su parte la Fiscal 214 Seccional de Bogotá indicó que los hechos materia de investigación ocurrieron el 29 de julio último, cuando dos comerciantes que llegaron a Bogotá, procedentes de Pitalito (Huila), se movilizaban en un taxi, en el que llevaban varias cajas con un total de 14 celulares de alta gama, valorados en $8 000 000, y fueron requisados por dos agentes de Policía que se movilizaban en motocicleta, pertenecientes a la Estación de Mártires, identificados como Rafael Antonio Peña Leguizamón y José Antonio Vargas Velásquez.

Tras la requisa los uniformados les incautaron la mercancía y bajo amenazas los trasladaron al CAI de Mártires, donde el patrullero de guardia José Orlando Novoa Mendoza, los privo de la libertad.

Los uniformados luego de leer los derechos del capturado a los comerciantes, de nuevo comenzaron a amenazarlos con judicializarlos, si no hacían entrega de $6 000 000, recibiendo una respuesta negativa de las víctimas.

Durante la retención en el CAI, los uniformados nuevamente aprovechando  su cargo y autoridad, despojaron de $1 800 000 a los  comerciantes.

Tras dejarlos en libertad  y ante la negativa de los uniformados de no hacerles entrega de su mercancía, los comerciantes se dirigieron a otro CAI, donde denunciaron ante un coronel de la Policía la actuación de los tres uniformados.

Luego de la queja, el oficial de Policía llegó al CAI de Mártires, donde requirió de los uniformados el informe que debía estar en el libro de anotaciones, pero ante la negativa de los tres uniformados de no haber hecho anotación sobre lo ocurrido, el oficial se enteró de los hechos.

Posteriormente los policiales contactaron a los comerciantes para devolver los celulares y solicitarles que retiraran la denuncia para evitar sanciones.

En desarrollo de la audiencia pública, la fiscal les endilgó los delitos de hurto calificado y agravado  consumado, en concurso heterogéneo con concusión y privación ilegal de la libertad, delitos que no aceptaron