El juez 78 penal municipal de Bogotá, con función de control de  garantías, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a 4 funcionarios y un particular, investigados por el desfalco de más de 4 mil 800 millones de pesos en el Instituto Nacional Carcelario y penitenciario (Inpec).

El juez consideró que  los imputados son un peligro para la comunidad ya que con su actuación violaron normas establecidas para el correcto funcionamiento de una entidad  estatal.

La Fiscalía indicó que entre los años 2010 y 2013, los implicados recibieron dinero de la cuenta principal del Inpec, dinero que giraba  la encargada de la caja menor.

Yilda Johanna Quijano  Rodríguez, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como  la responsable del manejo de los dineros de la caja menor, fue quien transfirió a cuentas de otros funcionarios y de su padre la suma de por lo menos 4.800 millones de pesos.

Por estos hechos, además están siendo investigados Carlos Eduardo Figueroa Burbano, Héctor Giovanny Marín Bautista y Rubén Leonardo Montenegro, miembros del Inpec, al igual que el  particular y padre de Johanna Quijano, Juan Martín Quijano, quien recibió en su cuenta particular 764 millones de pesos girados desde la cuenta del inpec.

Les imputaron los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude  procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad material en documento público. La única que aceptó los delitos fue la mujer.

La mujer, al parecer, falsificaba los comprobantes y utilizando números de cedulas de ciudadanía de otras personas justificaba el pago de viáticos a funcionarios que no habían viajado o salido de la ciudad. Según la fiscal, la  funcionaria del inpec manejaba el dinero de la entidad para  cubrir deudas personales, inclusive.