Un concejal de Buga, Valle del Cauca y dos contratistas de la alcaldía de esa localidad fueron cobijados con medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en la comisión de irregularidades en un contrato con la administración.

La decisión del Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías afectó  a Darío Cifuentes, concejal de Buga, y los contratistas Claudia Marcela Holguín Herrera y Liliana de Fátima Zúñiga González. Los hechos se relacionan con las supuestas irregularidades en 17 contratos para obra por un monto de 258 millones de pesos, los cuales habrían sido entregados a través del sistema de contratación directa a fundaciones sin ánimo de lucro entre noviembre y diciembre de 2008.

Según la Fiscalía, estas tres personas habrían participado del ilícito generando un detrimento patrimonial.

En las audiencias preliminares, el fiscal del caso imputó cargos por los delitos de violación al régimen legal de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron los cargos y fueron cobijados con detención domiciliaria.