Nueve personas entre ellas tres policías fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y detención domiciliaria, por decisión de una juez de Bogotá  con función de control de garantías, quien los consideró un peligro para la comunidad como  presuntos responsables de la comercialización y venta de licor adulterado.

En desarrollo de una audiencia pública, la juez  envió a la cárcel de Facatativá (Cundinamarca), a los patrulleros de la Policía Wilmer Alexander Gutiérrez Sánchez, José Antonio Villa Herrera  y Carlos Yesid Barajas Barajas, quienes no aceptaron los delitos endilgados.

En la misma decisión la juez cobijó también con detención intramuros a Moisés Melo Pinzón, Guillermo Rincón Herrera, Vilma Osorio Galván  y Luz Helena Díaz Rincón, quienes fueron enviadas al Buen Pastor.

Con detención domiciliaria fueron  afectadas Paula Andrea Vanegas Solórzano y  Claudia Celis Patiño, al considerar la juez que eran madres cabeza de familia.

La investigación permitió establecer que desde el 2013, la red conformada supuestamente por estas personas se dedicaba a la fabricación, tráfico y comercialización de wisky, aguardiente y ron, en especial en centros comerciales de la capital del país, al igual que en Tunja y Sogamoso (Boyacá), e igualmente en otros municipios del departamento de Cundinamarca.

En desarrollo de la operación Sabana, adelantada por la policía judicial, se logró realizar un total de 17 allanamientos a igual número de inmuebles, en las ciudades de Bogotá, Mosquera, en Cundinamarca y Tunja, Chiquinquirá y Sogamoso, en Boyacá.

La fiscal del caso indicó que como resultado de los allanamientos, entre otros a 7 locales comerciales, se logró el decomiso de más de mil botellas con licor adulterado de distintas clases y marcas.

Se conoció que para lograr el seguimiento de los imputados, se realizaron por lo menos 8.100 interceptaciones telefónicas, incluyendo a los tres uniformados, quienes para la época de los hechos en diciembre de 2013, se desempeñaban como patrulleros de la Estación de  Ricaurte  y Los Mártires en la capital del país.

Los policías, al parecer, eran los encargados de escoltar los vehículos que movilizaban el licor adulterado hacia los centros comerciales, desde donde  era puesto a la venta.

La investigación también permitió determinar que la fábrica donde se producía el licor estaba ubicada en una residencia de Ciudad Kennedy, donde fue sorprendida una de las cobijadas con detención en el Buen Pastor.

A otra de las aseguradas con la detención domiciliaria, la juez le advirtió que de seguir patrocinando a la red con dinero, sería  enviada a centro carcelario.

La Fiscalía expresó en la audiencia que el seguimiento telefónico comenzó a  realizarse desde el 13 de diciembre de 2013, cuando los policías involucrados en el proceso dejaron en libertad a una persona que movilizaba en un vehículo gran cantidad de licor adulterado.

A los cobijados con la medida de aseguramiento la fiscal del caso les imputo los delitos de tráfico, fabricación y venta de licor adulterado, corrupción de alimentos, corrupción de derechos de propiedad industrial, ejercicio ilícito de  administración rentística, concierto para delinquir y  cohecho.