La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará una asamblea de cancilleres en Washington para cerrar un largo proceso de reformas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que haya logrado apaciguar divisiones entre sus miembros.

Hasta el momento, los cancilleres de Ecuador, México, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Grenada han confirmado su asistencia a la asamblea general extraordinaria sobre el futuro del ente autónomo de la OEA, según fuentes de la organización.

Los funcionarios se sentarán el viernes a debatir un proyecto de resolución que aún produce desacuerdos entre los 34 miembros activos de la organización, para intentar ponerle punto final a un proceso impulsado principalmente por países críticos de la CIDH, como Ecuador, Venezuela y Nicaragua.

La piedra en el zapato que sigue impidiendo un consenso en torno al proyecto, discutido en los últimos días en varias reuniones abiertas y cerradas, ha sido la financiación de la CIDH.

Pese a ello, hay acuerdo en varios puntos de la declaración, entre ellos uno que acoge un pormenorizado documento que divulgó esta semana la CIDH en el que ella misma anuncia una serie de reformas de su reglamento que responden muchas de las inquietudes formuladas por diferentes países.

Entre los cambios, la CIDH clarifica procedimientos y precisa criterios para otorgar medidas cautelares y abrir casos, mientras amplía un polémico capítulo de su informe anual, que es una especie de lista negra que ha incluido por años a Cuba, Venezuela y Colombia, para hacer una evaluación general de la región.

Satisfechos con esas reformas, varias delegaciones, encabezadas por Estados Unidos y Canadá, quienes defienden a ultranza la independencia de la CIDH, han insistido desde hace semanas en que se cierre el proceso en la OEA, que se ha prolongado por casi dos años.

El propio secretario general de la organización, José Miguel Insulza, llegó a afirmar que el "80%" de los señalamientos de los países han recibido respuesta, mientras ha destacado el clima de diálogo entre la organización y la CIDH, principalmente tras la llegada del nuevo secretario ejecutivo de la Comisión a mediados de 2012, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

Pero Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los países más beligerantes contra la CIDH, insisten en sus críticas.

Estos países impulsan las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas, y que entre otras cosas pedían prohibir la financiación de la CIDH fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión.

Esa Relatoría ha repetidamente criticado el acoso a los medios de comunicación en Ecuador y Venezuela, lo que despierta gran irritación en esos dos gobiernos, que consideran a la CIDH parcial en su contra.

Pero el proyecto de resolución de la OEA se limita a comprometerse al "pleno financiamiento" de su sistema de derechos humanos, y hasta que eso suceda permitir fondos externos, y supedita el fortalecimiento de las relatorías a "un financiamiento adecuado".

La CIDH tiene un presupuesto anual de 9,5 millones de dólares, dos terceras partes de ellos aportados por la OEA, lo que es considerado insuficiente por la Comisión.

Insulza ha propuesto que se cree un fondo de capital de 100 millones de dólares para financiar a la Comisión y a la Corte Interamericana, una iniciativa que aún no ha sido estudiada por los países de la región.

Durante todo el proceso, numerosas organizaciones no gubernamentales se han mantenido en alerta ante la posibilidad de que la OEA recortara la autonomía y las atribuciones de la CIDH.

"Esperamos que el proceso de reformas (...) tenga un punto final este viernes 22 y que los y las cancilleres de las Américas tomen decisiones que no perjudiquen a las víctimas de violaciones de derechos humanos", dijo a la AFP la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic.