Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dicha inequidad radica en problemas de tenencia de la tierra, el mal uso del territorio, el despojo y la violencia.
Colombia está entre los países más desiguales en la distribución de la tierra en el mundo. Esta es una de las conclusiones que señala el detallado Informe Nacional de Desarrollo Humano “Colombia rural, razones para la esperanza, 2011”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud.
El país latinoamericano que apenas sobrepasa a Colombia en índice de desigualdad (Gini) es Brasil, y después de Colombia se sitúa Argentina, (ver recuadro), detalla el informe.
El índice utilizado para medir esta distribución de tierras en los países es el Gini, que es un indicador para medir el grado de concentración de la propiedad rural y de los ingresos. Mientras más cercano esté a uno, más concentrada está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y mientras más cercano a cero, mejor distribuida está la tierra (muchos propietarios con mucha tierra).
Según el informe presentado por el Pnud, los países con mayores grados de desarrollo registran menores índices Gini de tierras. “Si los índices de desarrollo humano (IDH) se ajustan con factores de desigualdad (PNUD 2010), en los países de América los altos Gini de tierras se asocian con un menor desarrollo humano”, expone la publicación.
Para explicar por qué se da esta situación en Colombia, el Pnud primero aclara que “no el 25% (datos oficiales) sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales”.
Los siguientes son los aspectos que sustentan tal panorama que expone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Problemas en la tenencia de tierra
Según el informe “Colombia rural, razones para la esperanza”, en el país se da varias dificultades en la tenencia de la tierra, como los altos grados de informalidad en los derechos de propiedad, pues cerca del 40% de los predios no tienen títulos, y cuando los tienen, no están registrados.
Asimismo, hay alta desigualdad en los avalúos catastrales por hectárea según el tamaño de las propiedades: en el año 2009 una UAF (La Unidad Agrícola Familiar, que es una medida del tamaño en hectáreas de una explotación agropecuaria que suministra como mínimo un ingreso neto equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales)
de microfundio estaba avaluada en $74,1 millones en promedio, una UAF de gran propiedad en $14,4 millones, una UAF de mediana propiedad en $26,7 millones y de la pequeña propiedad en $36,9 millones. Eso significa que la pequeña propiedad paga más impuestos que la grande.
Además, el informe agrega que la alta desigualdad en tenencia de tierras es generalizada en todo el país. De los 32 departamentos con información, 18 tienen Gini superiores a 0.80, los más altos. “Está más concentrada la propiedad en los municipios con mayor grado de urbanización, más cercanos a las grandes ciudades y con mayor densidad demográfica. Entre 2000 y 2009 la concentración de la propiedad aumentó en 23 de 32 departamentos, y donde más creció fue en Antioquia, Chocó, Risaralda, Norte de Santander, Cesar, Cauca, San Andrés, Valle del Cauca y La Guajira.
La propiedad está más concentrada en toda la zona del occidente desde Antioquia hasta el Valle, los departamentos de la Costa Caribe situados al margen izquierdo del río Magdalena. La concentración también es alta en Arauca, Casanare y Meta (la Orinoquía). La zona central andina también está concentrada los mismo que Santander. La mayor concentración está en Valle del Cauca después de Antioquia y la menor en Caquetá”, expone la corporación.
Uso del territorio
Otro de los grandes problemas que aborda el informe es el desigual uso del territorio, según el cual, el país solo cultiva el 22,7 % de las tierras con vocación agrícola y silvoagrícola (4,9 millones de hectáreas) siendo que 21,5 millones son aptas para usos agrícolas.
Se informa también que en los departamentos tradicionalmente agropecuarios, entre 1995-2009, aumentó la tierra en pastos en 8,9 millones de hectáreas, pero disminuyó en 862.000 en agricultura y 1.437.265 en bosques.
De otro lado el informe detalla que Colombia tiene más hectáreas dedicadas a la minería (5,8 millones) que a actividades agrícolas y silvoagrícolas (4,9 millones). Entre 2000 y 2010, se otorgaron 7.264 títulos mineros y se tramitaron 17.479 solicitudes.
Además, el país dedica 39,2 millones a pastos, rastrojos y malezas, de los cuales 31,6 están usados en ganadería bovina, es decir, 10,6 millones más de las tierras aptas para producción bovina. “Es la “ganaderización” del sector rural. El promedio de cabezas de ganado por hectárea es de 0,86. La ganadera extensiva afecta el desarrollo humano rural no genera empleo, ni ingresos, no genera tributos para invertir en bienes públicos y mantiene el statu quo en la sociedad y en la estructura de la propiedad”, expone el Pnud en su informe.
Despojo
En cuanto al despojo de tierras el informe dice que “pese a sus consecuencias sobre la estructura agraria, las relaciones de poder y los derechos humanos, entre 1980- 2010 Colombia se mantuvo en silencio sobre el despojo y abandono18 de 6,6 millones de hectáreas (12,9% de la superficie agropecuaria), sin contar los territorios de comunidades étnicas. Sin embargo, sólo se han recuperado 495.493 hectáreas: 7,46% del total. El 73% de los casos afecta a microfundios y propiedades pequeñas hasta de 20 hectáreas”.
Sin embargo, según las Naciones Unidas, las cuentas no incluyen las casi 400 mil parcelas perdidas durante la Violencia (1940-1950), que cubrían cerca de 2 millones de hectáreas, equivalentes al 11 de la frontera agropecuaria de la época.
Además, se expone que “el despojo y abandono de tierras explican el desplazamiento de 3,6 millones de personas (836 mil familias) en los últimos 13 años (Acción Social), de las cuales el 65% tienen menos de 25 años y el 14% son menores de 4 años. El 64% de los grupos familiares provienen de zonas netamente rurales y el 24% de los llamados “centros poblados” (también rurales)”.
Persistencia política
El informe destaca en todo este proceso la persistencia política que
“se define como el grado de control de las elecciones por parte de las élites, o sea que se refiere al grado en que las elecciones locales son libres, limpias y, sobre todo, competitivas”.
Para analizar el tema, el informe construyó una medida de persistencia política que toma en cuenta las cuatro últimas elecciones de alcaldes municipales (periodos que se iniciaron en 1998, 2001, 2004 y 2008). La medida toma valores entre 0 y 3 donde a mayor valor, mayor evidencia de persistencia política en el poder local y viceversa.
Los resultados indican que el 92,4% de los municipios incluidos en el análisis presenta algún nivel de persistencia política y el 21,7% tiene el nivel más alto; es decir, en las cuatro últimas elecciones de alcalde no hubo rotación o renovación de las élites políticas en el poder.
El Pnud encontró que la persistencia política afecta en forma negativa el bienestar de la población. “Los municipios con más persistencia política tienen mayores niveles de NBI, más miseria y mayores indicadores de servicios inadecuados. De manera adicional, esta tendencia se agrava en la medida en que los municipios tienen índices superiores de ruralidad”, expone.