Solución definitiva, aquí y ahora | El Nuevo Siglo
Miércoles, 22 de Febrero de 2023


* No más largas a pleito de taxistas y plataformas

* Estado no puede seguir como invitado de piedra

 

 

La protesta ayer de algunos grupos de taxistas a nivel nacional tuvo igual motivación que las registradas de manera recurrente en los gobiernos Santos y Duque: la exigencia de los gremios de este servicio público de transporte individual de pasajeros para que se ilegalicen las plataformas tecnológicas que permiten contactar a conductores de vehículos particulares con personas que requieren ser movilizadas. En otras palabras, se trata de una problemática que lleva más de una década y que ya en la actual administración, que no ha cumplido siete meses, ha generado varias polémicas políticas, jurídicas, gubernamentales, gremiales e, incluso, paros de distinta dimensión.

Aunque al cierre de la tarde el Ministerio de Transporte anunció un acuerdo de 18 puntos con las organizaciones de los taxistas con el fin de levantar la protesta, lo cierto es que en el tema de las plataformas no asoma una alternativa concreta para superar este lío de forma definitiva, aquí y ahora. Más aún cuando para avanzar en esta dirección debe partirse de una premisa realista: las fórmulas de solución que se planteaban años atrás ya se quedaron cortas ante la magnitud imparable del fenómeno. Mes tras mes crece la cobertura de los servicios de Uber, Didi y otras plataformas, al punto que, según el gremio que las agrupa, hoy tienen más de 100 mil conductores afiliados y el volumen de usuarios sería mayor a ocho millones. Es decir, que cualquier decisión que se tome al respecto tiene una repercusión socioeconómica superlativa en el diario vivir de decenas de miles de familias que derivan sus ingresos de esta actividad que se mueve, a la vista de todos, en esa delgada línea entre lo legal e ilegal.

En segundo término, resulta innegable que las leyes y reglamentaciones dictadas tiempo atrás para prohibir o tratar de regular el uso de estas aplicaciones no se aplican al pie de la letra, sobre todo por parte de alcaldes pero también de autoridades en general, pese a la gran cantidad de servicios que se prestan a diario y las millonarias sumas que se mueven por pagos y comisiones.

En el acuerdo para levantar el paro quedó claro este es un tema muy intrincado. Mientras el gobierno Petro sigue confeccionando el borrador de un proyecto de ley sobre Régimen Sancionatorio de Transporte (que se aplicaría, entre otros, a plataformas y conductores que no estén debidamente formalizados), desde el Congreso insistieron ayer en que es necesario ir más allá, reformando no solo el Código Nacional de Tránsito sino el Estatuto del Transporte. Esto porque al lado del referido pleito entre taxistas y vehículos particulares que cobran por movilizar pasajeros, hay otros fenómenos sectoriales informales, pero igualmente extendidos a nivel nacional, como el mototaxismo y el bicitaxismo.

Es obvio que es muy complicado buscar un punto de equilibrio entre la postura de los taxistas, que recalcan que desarrollan una actividad legal y vigilada, con la de las plataformas, que insisten en que no son empresas de transporte sino aplicaciones digitales que permiten contactar a un particular que requiere la prestación de un servicio de transporte con otro que puede prestarlo. Si bien es cierto que en el Congreso se ha intentado fallidamente en varias ocasiones regular esta problemática, llegó la hora de las definiciones, sean cuales sean. El Estado no puede seguir siendo un invitado de piedra.

Es evidente que ilegalizar las plataformas no es la opción más viable. De hecho, bloquear aplicaciones digitales sin una previa orden judicial motivada viola el principio de neutralidad de la red de internet. Además, oponerse a esta clase de desarrollos tecnológicos resulta anacrónico e inútil por su alto uso diario. Ello explica por qué Gobierno y las mayorías del Parlamento se alejan de la postura prohibicionista y se inclinan por la urgencia de regular el servicio que prestan las plataformas, con el fin de ponerlas a competir en igualdad de condiciones con los taxistas, garantizar la seguridad integral de conductores, vehículos y pasajeros, así como reglamentar el pago de impuestos, vigilancia, seguros, formalización laboral, licenciamiento y demás requisitos para esta delicada actividad.

En ese orden de ideas, el camino parece uno solo: que los ministerios de Transporte, Trabajo y TICs logren que los gremios de taxistas y el de las plataformas se sienten a la mesa con ánimo constructivo y voluntad de acuerdo definitivo y profundo. La opinión de gobernadores, alcaldes, autoridades de tránsito, aseguradoras, superintendencias e incluso asociaciones de usuarios de ambas modalidades debe tenerse en cuenta.

Pero lo más importante sería el compromiso gubernamental en torno a que en esta ocasión dicha problemática será solucionada de una vez por todas, privilegiando el consenso, pero también el principio de autoridad y ordenamiento institucional. Ya no se puede dar más largas y dejar que en medio de la indecisión y el pulso de inamovibles entre las partes el lío siga agravándose cada día más.