Pese a que aún no se ha superado la pandemia y que se anuncian nuevos riesgos sanitarios para la humanidad, es tiempo de reflexionar sobre lo ocurrido en esta transición de era, para no desaprovechar las oportunidades de cambio que se abren en todas las dimensiones humanas y afrontar el nuevo año.

Superar la emergencia sanitaria no implica volver a hacer lo mismo que antes. La sociedad debe tomar decisiones sobre nuevos esquemas de relacionamiento y apropiar posibilidades para mejorar el bienestar y el desarrollo.

De los múltiples estudios sobre impactos de aquella resaltan los referidos a la salud mental y, en particular, los relacionados con la afectación causada a menores de edad y en el ámbito laboral.

Una generación de niños y jóvenes tuvo que afrontar año y medio de desconexión social, con conexión digital plena, en medio de temores y cambios de hábitos. El acompañamiento psicológico para superar tales impactos es imprescindible y debe ser generalizado, mediante un programa nacional de intervención.

Los centros educativos deben promover la innovación, aplicando espacios rutinarios para la virtualidad, la conectividad entre comunidades y la intensificación del aprendizaje y la investigación tecnológicos. Contar, por ejemplo, con profesores de otras regiones del mundo y con aulas virtuales, ha de ser lugar común en el inmediato futuro.

De otra parte, es evidente la transformación de las relaciones laborales a partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En Colombia tres leyes regulan este fenómeno, en materia de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, en tanto se debate la regulación sobre el trabajo en plataformas.

La aprobación de la ley que regula el derecho a la desconexión laboral constituye un avance en el reconocimiento de los derechos para una era digital. En todo caso, es largo el camino para que el derecho humano de acceso a las tecnologías sea efectivo, como prioritario lograr que no se ahonde la desigualdad entre individuos y países por su desconocimiento. Es tiempo de implementar indicadores de pobreza y desigualdad que midan la incidencia tecnológica, así como construir democráticamente el pacto constitucional sobre ciudadanía digital, derechos y garantías 5G.

La atención a los ciudadanos debe garantizar la virtualidad, con plataformas de servicio diferenciales frente a poblaciones y asuntos que lo requieran. No se pueden dar pasos atrás frente lo que logró el virus en cuanto acceso al Estado por canales virtuales o justicia digital.

Se requieren nuevas prestaciones en los sistemas de protección social, como un renovado subsidio familiar dirigido a cubrir necesidades de conectividad y acceso digital. Si bien la teleatención médica en sus diferentes componentes debe fortalecerse, también es necesario actualizar protocolos que retomen la atención presencial, reclamada por los usuarios del sistema de salud.

En todas las actividades humanas es hora de la reinvención, o acaso no tendrán que adaptarse los diseños de viviendas y conjuntos residenciales para contar con espacios adecuados de trabajo y estudio a distancia.

La política demanda igualmente una conexión con lo digital. Trasladar los debates de las redes sociales a los escenarios de participación, potenciar la transparencia de lo público y la lucha contra la corrupción mediante plataformas tecnológicas, usar la inteligencia artificial para soportar las acciones y decisiones de las autoridades y renovar la democracia deliberativa conforme un permanente diálogo ciudadano, son tareas que es preciso acometer ya.

La democracia se está convirtiendo en el gobierno de los trinos. Las decisiones se toman con base en estos y se comunican por las redes sociales. Gran avance, pero también inmenso reto para no caer en nuevas formas de autoritarismo, ahora de corte digital.