Tremores de la democracia local | El Nuevo Siglo
Miércoles, 29 de Diciembre de 2021

* Pugnas con el gobierno nacional

* Diferencias entre mandato y política 

 

Durante este año varios son los aspectos que han incidido el desarrollo de la democracia local en el país. Uno de ellos, ciertamente, las deficiencias en el relacionamiento entre el gobierno nacional y las administraciones territoriales, principalmente en las grandes ciudades. En efecto, bastaría para ello revisar cuáles eran las opiniones de ciertos alcaldes, hace doce meses, frente a los propósitos del presidente Iván Duque y su gabinete y darse cuenta de que no daban un centavo por sus determinaciones.

De hecho, no creyeron en principio que pudiera cumplirse con la adecuación de las unidades de cuidados intensivos frente a las dramáticas exigencias de la pandemia. Cuando se lograron las metas gubernamentales, y a cada ciudad se le entregó la infraestructura necesaria, entonces pasaron seguidamente a desdecir del Plan Nacional de Vacunación, dejando entrever que el cronograma del Ministerio de Salud más bien parecía una fantasía, puesto que la llegada de esa gigantesca cantidad de biológicos a Colombia, ni parecía viable en esas proporciones, ni tendría como hacerse realidad en las etapas señaladas. Al mismo tiempo tampoco parecieron tener confianza, en modo alguno, en la experticia del sector salud colombiano en la aplicación de las vacunas.

Hoy, cuando el país es un ejemplo a nivel mundial por el manejo pandémico, no solo en los registros de prestigiosas revistas internacionales como “The Economist” sino en evaluaciones globales como las de Blomberg, poco se escucha un reconocimiento al gobierno nacional de parte de los alcaldes correspondientes. Y no, por supuesto, un reconocimiento de carácter personal, sino desde el punto de vista institucional, lo que al menos sería un mensaje en la dirección correcta para resaltar los lazos que soportan al país en todos los escalafones estructurales de la democracia.

Por su parte, esa tensión entre lo nacional y lo local se hizo aún más evidente en la época de los paros que derivaron en bloqueos viales y en vandalismo. Tan solo cuando el gobierno nacional adoptó el instrumento legal de la asistencia militar a la Policía, a fin de superar la aguda crisis de seguridad, la nación pudo recuperar el orden tras una larga jornada de anarquía y disturbios. En medio de ello, algunos de estos alcaldes, en vez de la solidaridad institucional indispensable, discutieron las decisiones gubernamentales e inclusive se dejaron ver como una especie de sindicato contra la fórmula adoptada por las autoridades pertinentes.

De suyo, no pocas veces deslizaron su voz destemplada contra la Policía. Si bien de una parte es cierto que se dieron algunos casos puntuales de reproche, que han ameritado las investigaciones y sanciones respectivas, de otra la ciudadanía, como es fácil constatarlo en las encuestas, respaldó a las fuerzas legítimas del orden, pese a la deriva institucional en que parecieron situarse los dichos burgomaestres. Ni siquiera tiempo después, cuando se reinstauró la tranquilidad y las autoridades corroboraron los alcances desestabilizadores y subversivos de la llamada “primera línea”, la Policía fue motivo de ninguna gratitud.

Aun a pesar de esos episodios de ingrata recordación, que a decir verdad también tuvieron que ver con una reforma tributaria mal calculada por parte del gobierno nacional (y que fue enmendada debidamente), el país, con todo y las ingentes pérdidas de esa época, logró reactivar la economía, recuperar el empleo y dedicarse a la atención de los más vulnerables. Ninguna localidad colombiana podría decir, en efecto, que muy buena parte de los alivios de sus residentes, en todos los niveles, no han provenido de las acciones del gobierno nacional y los fondos del Ingreso Solidario, además de los otros programas sociales hoy activos.

Por otro lado, de no haber sido por ese despropósito anárquico que hirió sobremanera a la economía y el desenvolvimiento social, los registros de crecimiento económico hubieran sido superiores y habrían permitido incluso un incremento mayor del salario mínimo. Es decir que todas esas acciones vandálicas y desestabilizadoras lo que hicieron, finalmente, fue darle la espalda al pueblo que decían representar, bajo una vocería que por supuesto nunca tuvieron.

Desde luego, la inmensa mayoría de autoridades regionales y locales no procedieron de tal modo. Por el contrario, muchos fueron los casos en que actuaron concertadamente con el gobierno nacional y presentaron aportes decisivos para conjurar la tragedia sanitaria, que aún persiste. Son ellos, claro está, ejemplo fehaciente de que la democracia regional y local cobra mayor vigor y legitimidad cuando se enfrentan en conjunto los retos de una guerra tan impredecible como la del coronavirus.

Y es también una lección rotunda para quienes quisieron hacer de sus procedimientos un pulso político, en vez del mandato institucional que les exige la Constitución, una vez elegidos.