El Gobierno citó a sesiones extras al Congreso de la República hasta este 23 de diciembre, a fin de que pueda evacuar el trámite del proyecto ley conocido como de “seguridad ciudadana” y evitar de esta manera, el hundimiento de la iniciativa que no pudo concluir su proceso legislativo en la sección ordinaria. Con el impulso del ejecutivo, Ministerios del Interior y de Justicia, de su coalición en el legislativo y el apoyo de la Procuraduría, se convertirá en Ley de la República.

Se trata de un extenso proyecto, de  cincuenta y cinco artículos, que introduce modificaciones al Código Penal y al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otras disposiciones, con el cual se pretende  la creación y fortalecimiento de instrumentos jurídicos, a fin de dotar de herramientas a las autoridades para combatir la inseguridad que se agudiza en las diferentes ciudades y regiones del país, para lo  que se crean nuevos tipos penales, se aumentan las penas de otros, se impide la excarcelación de los procesados por algunas figuras delictivas, se garantiza una condena efectiva con medida de aseguramiento, también se pretende establecer  penas más fuertes a quienes ataquen contra la fuerza pública del país, etc.

Por supuesto, que hay que buscar medidas tendientes a recuperar la seguridad de los ciudadanos, la cual se percibe embolatada en nuestras regiones y ciudades.    Sin embargo, no pareciera que con este tipo de proyectos se logre este cometido.    La reforma al Código Penal debería adelantarse luego de una seria y rigurosa discusión académica y técnica; siendo el resultado de una política criminal que se adopte con criterios científicos y no a “la topa tolondra” como se viene haciendo en el país.  Si se observa con detenimiento el proyecto, pareciera ser más una respuesta a los excesos contra la fuerza pública en las pasadas protestas sociales; pero no se ven esfuerzos frente a los excesos que tuvo la Policía Nacional en la represión de los bloqueos y ataques a la movilidad y a la infraestructura publica y privada; los excesos fueron de parte y parte.

Ya se sabe que es por lo menos ingenuo pretender arreglar estos problemas aumentando las penas; es la certeza en la pena y no la amenaza con ella, lo que realmente es eficaz contra la delincuencia. La concepción del proyecto se asemeja más a un estatuto de seguridad de la fuerza pública que pone en el filo de la navaja algunos derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lástima que no se haya tenido el mismo entusiasmo para aprobar el proyecto que reducía la vacancia parlamentaria, de tres meses que se tiene ahora, a dos que proponía el proyecto y recortar esos privilegios que tanto ofenden a la ciudadanía.       Se trataba de una gran oportunidad para que el Congreso recuperara algo de imagen frente a la ciudadanía, pero, como siempre, auto recortar privilegios, no  encuentra ambiente en ninguna parte.