En julio se presentaron a consideración del Congreso 25 reformas constitucionales

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Luego de la avalancha de proyectos de acto legislativo, o reformas constitucionales, que se presentaron en julio, solo tres cumplieron con el requisito legal de tener cuatro debates antes del final el primer periodo de la legislatura.

Entre los temas de las 25 reformas constitucionales radicadas a mitad de año estaban: quitarle la conexidad al delito sexual del político en eventuales procesos de paz futuros; establecer nuevas normas para la elección de Fiscal General y la limitación de periodos en el Congreso.

Sin embargo, solo tres de los proyectos de reforma pasaron, con una amplia discusión en el Congreso.

Cadena perpetua

El primero que logró su aprobación fue el acto legislativo que crea la cadena perpetua para violadores de niños.

La iniciativa modifica el artículo 34 de la Constitución Política así: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado. El Gobierno nacional contará con un año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua”.

El proyecto, que contó con concepto favorable por parte del Consejo Superior de Política Criminal, fue impulsado, entre otros congresistas, por la representante del Partido Conservador por el Tolima, Adriana Magaly Matiz, quien en su momento le aseguró a EL NUEVO SIGLO que “este proyecto no elimina el carácter resocializador de la pena, lo que lo hace diferente a otros proyectos que se han presentado. Y esto no lo hace porque estamos frente a una cadena perpetua que es revisable y reversible, ya que esta puede ser revocada si se cumple la efectiva resocialización del condenado, además los condenados pueden acceder a toda la oferta resocializadora del Estado”.

Amazonia

Por otro lado, fue aprobado el proyecto por el cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. Dicha iniciativa incluye en la Constitución, para estos departamentos, normas especiales como las que tiene el departamento de San Andrés y Providencia.

La norma indica que para la protección y preservación de la biodiversidad “se podrán expedir normas especiales en materia ambiental, administrativa,  fiscal y poblacional, que fomenten la investigación científica, el turismo, el desarrollo del comercio y formas de explotación sostenible de los recursos, previa consulta a las comunidades directamente afectadas, que provean bienestar social y económico a sus habitantes y garanticen la preservación de los bosques, su fauna y su flora hacia el futuro, y detengan la deforestación y el tráfico de fauna”.

Sin embargo, el senador Gustavo Bolívar, de la coalición Lista de la Decencia, advirtió que el proyecto “es muy preocupante. Todo lo que se haga en beneficio de proteger la Amazonia obviamente suena lindo, pero en este proyecto hay un ‘mico’ gigante. Por ningún motivo, sostenible o no sostenible, se puede derrumbar un árbol en la Amazonia. Entonces decir que esas formas de explotación pueden generar que exploren más zonas de hidrocarburos o de minería, o de oro, o de coltán y nos van a decir es sostenible”.

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que “este artículo no se refiere a ninguna explotación que suponga aumento de la deforestación. Todo lo contrario: explotación sostenible de los bosques es usar las semillas y sembrar plantas típicas con destino a la exportación, cultivos de mariposas. Son formas de usar la selva que garantizan su preservación y no destrucción”.

Región metropolitana

El último proyecto de reforma constitucional aprobado fue la asociación entre Bogotá y Cundinamarca para “conformar la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca bajo el principio de equidad territorial, con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley”, según reza el articulado.

Para la representante capitalina Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, Bogotá y la Sabana ya son una región, ya son una sola cosa, “pero no nos hemos planeado como una sola cosa, y no tenemos una visión conjunta de ordenamiento con los distintos municipios para decidir los usos del suelo”.

Goebertus explicó que este proyecto permitirá, “por ejemplo, pensar en una agencia regional de servicios públicos. El tema de gestión ambiental y de residuos sólidos es algo en lo que necesitamos pensar y de manera conjunta. ¿Cómo nos deshacemos de esos residuos? Como región nosotros producimos casi el 28% de los residuos sólidos de todo el país y no nos estamos pensando articuladamente en cómo disponer de los mismos”.

¿Qué es un acto legislativo?

Un acto legislativo es una norma expedida por el Congreso cuyo objetivo es reformar, adicionar o derogar algún texto en la Constitución.

Tanto la Constitución como el reglamento del Congreso (la Ley Quinta de 1992) determinan el procedimiento que se debe seguir para la expedición de los actos legislativos. En términos generales el procedimiento para la aprobación de los actos legislativos es más exigente que para expedir las leyes, a pesar de compartir la misma estructura.

Un proyecto de acto legislativo debe debatirse en una sola legislatura. Cada legislatura se divide en dos períodos: el primero inicia el 20 de julio y culmina el 16 de diciembre; el segundo inicia el 16 de marzo y culmina el 20 de Junio.

Los proyectos se presentan ante la Comisión Primera de cualquiera de las dos Cámaras legislativas que hay en Colombia (Senado y Cámara de Representantes). La Constitución ni el reglamento del Congreso han establecido una cámara en especial por donde deba iniciarse el trámite, razón por lo cual es indiferente ante la que se presente inicialmente el proyecto.