Superintendencia de Transporte llamó a descargos a la empresa que maneja la plataforma digital. Sin embargo, congresistas y académicos cuestionan que un problema del siglo XXI se trate a la luz de normas de hace 30 años

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Por no atender la Resolución 40313 de 2016, en la que le pide dejar de promover servicios no autorizados de transporte, la Superintendencia de Transporte llamó a descargos a Uber Colombia.

Mientras la empresa respondió diciendo que esta resolución no es una orden (con base en un concepto del Consejo de Estado), congresistas le expresaron a EL NUEVO SIGLO que debe regularse la operación de la plataforma con normas del siglo XXI y varios expertos indicaron que el problema no se está viendo de manera completa.

El senador Andrés García, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien ha presentado varios proyectos de regulación en el Congreso, le indicó a este Diario que se han hecho “llamados de atención de parte del Gobierno a la plataforma. Hubo un decreto castigando a los conductores que sean socios y hasta el momento no ha habido sanción económica. Es posible que la empresa sea multada, pero esto significaría un riesgo muy grande para nosotros como país, pues no podemos ignorar la grave situación del desempleo en Colombia y esta empresa genera cerca de 80.000 trabajos directos e indirectos y responde a una necesidad del mercado”.

García sostuvo que la idea es que el Gobierno y la Superintendencia “valoren a estas empresas que generan oportunidades de empleo, que les den la oportunidad de ajustarse al marco regulatorio colombiano y ahí es donde el Congreso tiene la necesidad de sacar una legislación al respecto porque hoy Uber se encuentra en una zona gris”.

Globalización

Por otro lado, el representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, quien también ha presentado varios proyectos de regulación de las plataformas digitales, indicó que “esto demuestra la urgencia y la deuda que tiene el Estado colombiano con reglamentar las plataformas digitales. El problema es que aquí operan muchas más plataformas y van a llegar en los próximos años otras siete de las más de 40 que operan en el mundo. La globalización llegó y las fronteras ya no existen. Por eso se debe reglamentar la participación de ese sector de la economía en la realidad del transporte público”.

Según dijo, “el Estado emite una serie de sanciones con quienes no cumplen con la ley. El problema es que el Código de Transporte fue renovado por última vez en los 80. Estamos trabajando con unos códigos del siglo pasado. Son sanciones obsoletas que no responden a la necesidad del mercado actual”.

William Alfonso Piña, profesor del programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, le señaló a este Medio que “en ningún lugar del mundo se van en contra de estas plataformas. Por el contrario, tratan de formalizarlas para ver si pueden conseguir algún recurso de esa economía compartida, que es muy difícil de controlar. La idea es equilibrar los costos que pagan unos y otros, tanto los formales como los informales, para que la competencia no sea tan inequitativa”.

Así mismo, indicó que en Colombia “la regulación es muy vieja. Se hablaba de categorías interdepartamental e interurbano, y buscaba homologar carros con ciertos servicios. Se pensaba en una manera tradicional de transporte. Pero es mejor seguir ejemplos como los de España y México, que se dieron cuenta que es muy difícil controlar este tipo de economía. Lo que hay que buscar es centralizarlos e imponerles tributos, que después van a estar en beneficio de los ciudadanos”.

Confusión

Erick Rincón, profesor asociado de la Universidad del Rosario y presidente de Colombia Fintech, manifestó que en Colombia se está confundiendo “la naturaleza jurídica y técnica de Uber, porque esta es una plataforma de contacto que permite el encuentro entre la oferta y la demanda de servicios de transporte, pero no es una plataforma de transporte. En ese sentido lo que creo es que los portales de contacto deben tener una regulación de plataforma tecnológica, porque no desarrollan una actividad de transporte”.

Para Rincón, “estas iniciativas de sancionar resultan inocuas o ineficientes, porque así como hay Uber hoy mañana podrán existir muchos más portales de contacto. Lo importante es que se regule el desarrollo de esas plataformas, pero esto es tanto como tratar de tapar el sol con las manos. Es muy difícil que el Gobierno desconozca estos desarrollos tecnológicos y que no se le dé un tratamiento diferencial a partir de los desafíos que representa la economía colaborativa desde el punto de vista normativo”.

“Rebeldía”

A través de un comunicado, la Superintendencia informó que inició un proceso administrativo contra Uber Colombia “con el fin de verificar si presuntamente ha incumplido la orden impartida previamente por la entidad, para cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole (individual o masiva)”. Esta orden se dio a través de la resolución 40313 de 2016.

Según la Superintendencia, Uber Colombia “habría ejecutado actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros”.

Si la empresa es encontrada culpable, se enfrentaría a una multa de hasta 500 salarios mínimos, es decir más de $400 millones, “mientras permanezca en rebeldía”.

Uber respondió diciendo que “continúa operando con normalidad en Colombia y que ninguna autoridad ha ordenado el cese de sus actividades. Con relación a la resolución en cuestión, el Consejo de Estado señaló que su naturaleza no es de acto definitivo, sino de trámite. Eso significa que como tal no puede tener los efectos de una orden”.

Replicando la decisión, Uber presentó una acción de reparación directa contra la Superintendencia por los perjuicios causados por la resolución “y para que la entidad se abstenga de incurrir en conductas similares. Esta acción, actualmente se encuentra en los juzgados administrativos”.

La resolución de la Superintendencia le advirtió a la plataforma en 2016 que está obligada a cumplir las leyes colombianas y obedecer las órdenes impartidas por las autoridades que regulan el servicio público, entre las que están la Superintendencia y el Ministerio de Transporte.

No es la primera vez que la plataforma es sancionada. La Superintendencia ya había ordenado a la plataforma pagar $2.128 millones por obstruir una visita administrativa a sus instalaciones. La autoridad dijo en agosto que la empresa “presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios".