América Latina obligada este año a reducir déficits fiscal y comercial | El Nuevo Siglo
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Martes, 31 de Diciembre de 2019
Redacción Economía

En 2020 la región tendrá una dura tarea en materia económica. Atacar el descuadre de sus finanzas, así como el comercial y elevar sus expectativas de crecimiento

 

La economía de América Latina, así como su población, es dispareja. Por eso los retos son mayores para unos países y menos complicados para otros. Como las tareas persistentes de la región se identifican: la corrección de los déficits externos y fiscales, la necesidad de esquemas tributarios simultáneamente competitivos y progresivos, la inseguridad jurídica derivada de la inestabilidad política y una pirámide poblacional en rápida reversión y, por otro lado, la “sostenibilidad”, con énfasis en el cumplimento y capacidades de desarrollo.

Los cambios políticos han marcado a las economías, como ha sucedido en Venezuela, Bolivia, Brasil, México, Chile y Argentina.

Sostienen los analistas que el foco de inversión debe trascender del influjo para todos los países. La corrección de estos factores requiere de un camino de reformas políticas para el cual no hay confianza y/o estabilidad institucional y, en algunos casos, colchones financieros que permitan poner en marcha agendas de política social de choque que reviertan la animosidad.

Algunos analistas enmarcan las reivindicaciones de las actuales protestas regionales en el inconformismo global con las “promesas fallidas del sistema liberal” y señalan como temas concurrentes: la corrupción, la falta de movilidad social, el respeto por los derechos civiles y el inconformismo con la atención del cambio climático.

El análisis de las encuestas en todos los países de la región, permite confirmar la hipótesis de que existe un paquete de preocupaciones compartidas. Sin embargo, cada país exhibe distinto orden de prioridad en las variables.

Por ejemplo, aunque la equidad pensional es una demanda compartida, en Colombia pesa más la mejoría de la educación pública y la empleabilidad. Aunque el análisis previo acierta en mostrar que el descontento es transmisible, peca por obviar las particularidades de cada país.

Señalan los investigadores privados que “consideramos que la verdadera diferencia radica en el tipo de solución que requieren las crisis. Dicho de otro modo, hay un grupo de países que requiere arreglos institucionales más difíciles de materializar en el corto plazo, y otro que demanda reivindicaciones puntuales susceptibles de ajustes vía políticas públicas”.

Venezuela, Honduras, Ecuador, Haití y Bolivia hacen parte del primer grupo en el que se esperan más protestas el año entrante. Chile, por su parte, sigue en los debates institucionales sobre la pertinencia de las encuestas apuntan a la realización de un proceso constituyente.

Aunque Chile cuenta con una mejor situación fiscal que el resto de los países para atender las demandas y mitigar la crisis, se ha planteado que la detectada expansión del gasto público coincide con una disminución de la actividad económica inducida por la inestabilidad política en el 2020.

Demandas sociales

En el otro grupo se encuentran países donde las demandas sociales y las crisis políticas pueden ser solucionadas por vía de ajustes de política pública. En algunos casos, el estallido social fue (o será) apaciguado por procesos electorales ya ocurridos (o por celebrarse). Colombia se encuentra en este grupo, y aunque cuenta con limitantes fiscales para negociar con los grupos organizadores, es probable que la posesión de las autoridades locales en enero permita la canalización del descontento por vías institucionales.

Cabe resaltar que los ganadores en las recientes elecciones fueron los partidos de centro e independientes, los cuales ejercen vocería parcial sobre varias de las peticiones del Comité Nacional del Paro y la ciudadanía. En Perú, donde hay crisis política pero no estallido todavía, las elecciones legislativas del 26 de enero han marcado el compás de espera. Es factible que el año próximo la región andina capitalice la inestabilidad política de otras partes del subcontinente.

Respecto a México, aunque Andrés Manuel López Obrador ha tenido caídas del 12% en la aprobación a causa de su gestión en seguridad, la falta de creación de empleo y de mejoras en la salud pública, el escenario macroeconómico puede serle favorable el año entrante.

La OCDE proyecta que en 2020 México recuperará la senda de crecimiento, apoyado en los incrementos del consumo resultantes de un salario mínimo más alto, bajas tasas de interés y niveles controlados de inflación. Los inversionistas también esperan con ansias la ratificación del Usmca que tendría lugar en el primer trimestre de este año.

A pesar del optimismo, algunos expertos señalan que el desestimulo al sector energético, sector responsable de gran parte de la inversión pública y privada, puede pasarle factura.

En Argentina, cuyas elecciones se celebraron en octubre, se espera un gobierno pragmático en atención a los límites presupuestales. Por consiguiente, es posible que se busquen conciliaciones de Alberto Fernández con algunos sectores liberales y macristas, con el fin de asegurar la gobernabilidad en el legislativo y evitar una administración conflictiva.

De la misma manera, se espera la ejecución de su promesa de “respeto a los contratos”, alivios tributarios a regiones productoras de hidrocarburos y una ley para fomentar la inversión en yacimientos no convencionales. La victoria de Fernández asegura una pausa en la protesta social a espera de sus primeras decisiones.

En Brasil, por su parte, no se han disipado los riesgos de la protesta social. Tras la aprobación de la reforma pensional, queda pendiente la aplicación de la agenda de reformas económicas para la superación del déficit fiscal y la mejora de la calificación crediticia. Muchas de estas propuestas incluyen privatizaciones en el sector energético, reformas a la administración pública y recortes de gastos.

Debido a la celebración de elecciones regionales en octubre del 2020, el gobierno puede buscar el paso expedito de estas reformas generando malestar social. La administración brasileña ya ha lanzado pistas acerca de cómo procedería en caso de protesta social, las cuales podrían llevar a una escalada de descontento.