Aunque los congresistas consideraron que se lograron varios avances normativos al respecto, también lamentan que se hayan presentado algunos retrocesos

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El balance de la agenda legislativa anticorrupción es, para algunos congresistas, agridulce.

Los proyectos derivados de (o relacionados con) la consulta de octubre de 2018 (que, como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO tuvo una importante votación, aunque no le alcanzó para pasar el umbral legal) fueron de nuevo protagonistas en esta legislatura que debió enfrentar dificultades como las elecciones regionales y las urgencias del Gobierno (como la aprobación del presupuesto y de la reforma tributaria devuelta por la Corte Constitucional).

De esos siete puntos, esta vez el gran ausente fue la reducción de salarios de los congresistas.

El representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, le expresó a este Medio que “los tres puntos que logramos sacar tuvieron mucha controversia. Por ejemplo, en el proyecto de declaración pública retrocedimos un poquito en un lado y avanzamos en otro. Frente al proyecto de cambio de reglas para elegir fiscal nosotros lo apoyábamos, aunque fue presentado por el representante José Daniel López, de Cambio Radical, pero ese proyecto se cayó en Comisión Primera”.

En diálogo con este Diario, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, indicó que el balance “es agridulce”, aunque “efectivamente hay avances importantes. Se lograron aprobar –con restricciones desafortunadas, hay que decirlo, pero se lograron aprobar– varias iniciativas contenidas en la consulta popular anticorrupción. Una de ellas es el proyecto de ley sobre de pliegos tipo que ayuda a reducir los boquetes por los cuales se infiltran las mafias de la contratación mediante la confección y el diseño de pliegos sastre al tamaño de los contratistas y las estructuras delictivas que manejan buena parte de la contratación del país. Además, la iniciativa que obliga a que los funcionarios y servidores públicos rindan cuentas sobre sus actuaciones, que quedó limitada porque no se incorporaron elementos importantes como las votaciones y las gestiones que hacen los parlamentarios sobre temas específicos. Pero con todas las limitaciones, se avanzó en un ejercicio de rendición de cuentas de los servidores públicos”.

Según Sanguino, “quedó pendiente de la aprobación de la conciliación en Cámara la casa por cárcel y finalmente se logró avanzar en el otro proyecto que tiene que ver con conflicto de interés, que se restringió hasta el segundo grado de consanguinidad, pero en todo caso y a pesar de la restricción constituye un avance de lucha contra la corrupción”.

Por otro lado, el congresista indicó que quedan pendientes temas muy duros y que fueron mayoritariamente votados por los ciudadanos, como la restricción de periodos, la reducción de los salarios para congresistas y la participación ciudadana en los presupuestos públicos.

Ese último proyecto, precisó, “es muy importante, porque le quita a los congresistas la competencia sobre los proyectos de inversión nacional y a los diputados la apropiación de los recursos de inversión departamental y a los concejales en el orden municipal. Esto obliga a que los presupuestos se otorguen en audiencia pública y ejercicios de presupuesto participativo”.

Corruptos sin casa por cárcel

La iniciativa quedó pendiente por aprobar la conciliación luego del incidente que se presentó el pasado miércoles cuando la sesión plenaria de la Cámara fue levantada por la segunda vicepresidenta María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, por falta de quorum.

La encrucijada de la Cámara está en que si considera que la votación fue válida la norma pasaría a sanción presidencial, pero existe el riesgo que la norma sea demandada en la Corte Constitucional por vicios de trámite. Al parecer lo que va a hacer la Cámara es votar la conciliación nuevamente.

El proyecto fue ampliamente criticado por el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, quien aseguró que la medida no soluciona el problema de corrupción en la administración pública, pues “en caso de que exista una sanción administrativa por corrupción, este proyecto anticorrupción -en lugar de ordenar la caducidad (que es una severa sanción administrativa)- ordena en su lugar la cesión del contrato (en donde no hay sanción y es un negocio entre contratistas)”.

Pliegos tipo

La iniciativa –que espera también su conciliación– le entregó a la agencia gubernamental Colombia Compra Eficiente la obligación de diseñar pliegos estandarizados de contratación pública, buscando que se acaben los llamados “pliegos sastre”, es decir, exigencias diseñadas para que un solo oferente termine con las obras públicas en sus manos.

El procurador Fernando Carrillo la ha criticado porque a su juicio no se le puede dar una desproporcionada discrecionalidad a los ordenadores del gasto, pues esto “puede constituir un factor de corrupción, que genera ineficiencia en el uso de los recursos públicos, situación que se vería acrecentada al establecer competencias duales entre autoridades, que de paso frenaría la ejecución de programas sociales o la realización de inversiones en infraestructura, obras y servicios públicos, entre otras”.

Declaración de renta

El Congreso aprobó la iniciativa que pretende que los funcionarios públicos (y todo aquel que tenga un contrato con el Estado) publiquen su declaración de renta y de patrimonio. Los congresistas deberán publicar datos como los ingresos y rentas que obtuvieron en el último año gravable; las cuentas bancarias de las que sean titulares, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior; los bienes patrimoniales; y su participación actual en las juntas y consejos directivos de empresas.

Elección de Fiscal

El proyecto de ley que pretendía que la elección se hiciera a través de un concurso público de méritos se cayó. La iniciativa pretendía realizar dos cambios específicos: primero, establecer un procedimiento meritocrático para la elección del Fiscal General de la Nación; y segundo que el periodo del fiscal fuera institucional. La iniciativa que modificaba la constitución no logró ni siquiera su primera vuelta.

Congresistas con menos salario

Pese a que después de la Consulta Anticorrupción se propuso un proyecto que tenía ese fin, los congresistas de la Comisión Primera, encargada de esos asuntos, se declararon impedidos. Al final de este semestre el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, propuso la reducción en una sesión del Congreso y se comprometió a radicar el próximo 16 de marzo el proyecto de ley que lo haría efectivo.

Ley Pedro Pascasio Martínez

El proyecto de ley que busca promover la transparencia y establecer medidas para luchar contra la corrupción, presentado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, seguirá su trámite en marzo, cuando termine la suspensión de las sesiones ordinarias.

Según el representante por Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical, “el proyecto se debatió en la Comisión Primera, se nombró una subcomisión que rindió informe, pero pese a estar en el orden del día no alcanzó a debatirse más allá del informe de ponencia”.