En menos de un año se producirían las primeras sanciones pecuniarias a la constructora brasileña

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Mientras que avanza el proceso penal por los sobornos que pagó Odebrecht para quedarse con una serie de contratos de obra pública, el Estado colombiano ha emprendido una ofensiva para lograr las sanciones pecuniarias por estas actuaciones así como cerrarle la puerta, al menos por unos buenos años, para que participe en el mercado nacional.

Por su parte esta compañía no se ha quedado de brazos cruzados y en agosto pasado interpuso una predemanda contra el Estado colombiano por $3,8 billones como indemnización por la supuesta expropiación de sus recursos al no permitirle seguir desarrollando los contratos a su cargo.

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Ayer, durante la celebración por los 50 años de vida de la Superintendencia de Industria y Comercio, el presidente Iván Duque le dijo al nuevo superintendente, Andrés Barreto, que “no podemos permitir que una sola empresa siga pretendiendo en nuestro país que a base de dádivas, de sobornos, de coimas, de recursos que se pagan en paraísos fiscales, pretenda considerarse parte del ambiente económico nacional”.

Añadió el Jefe de Estado que, “empresa que corrompa a un funcionario para ganar un contrato no solamente está incurriendo en una grave falta penal, sino en una grave falta al derecho a la competencia, que amerita que se aplique la más alta de las sanciones pecuniarias posibles en nuestro país”.

En este sentido, el presidente Duque pidió sanciones ejemplarizantes que contribuyan a la derrota de cualquier forma de corrupción en Colombia.

Por ello Duque, sin mencionar directamente a Odebrecht, señaló: “Creo que los casos que tiene en consideración la Superintendencia y que no hago referencia explícita porque no pretendo acá hacer ningún prejuzgamiento, pero que el país los conoce, espero que las sanciones ejemplarizantes se den para el bien de nuestro país y para la derrota de cualquier forma de corrupción”.

En tanto que el superintendente Barreto anunció que en menos de un año se producirían las primeras sanciones por las posibles irregularidades en la Ruta del Sol II en la que participó la constructora brasileña.

Añadió el Superintendente de Industria y Comercio que, “lo deseable es que Odebrecht, o cualquier otra empresa sin querer prejuzgar por sus conductas, tenga que salir del mercado colombiano definitivamente”. Por eso se mostró confiado en que “con el Superintendente de Sociedades y la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado tomemos otras medidas para que empresas, que incurren en esas prácticas, no puedan volver a contratar en nuestro país”.

Piden inhabilitar la compañía

Por los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht, la Vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron el mes pasado a la Superintendencia de Sociedades imponer a las sociedades que integran ese grupo la inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado colombiano.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que esta “solicitud se efectúa teniendo en cuenta que empresas del grupo Odebrecht han protagonizado el caso de soborno y corrupción trasnacional más notorio de los últimos años en varios países del mundo, incluyendo Colombia”.

Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo cual la Vicepresidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron a la Superintendencia de Sociedades que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht.

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Indemnización

La sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Gobierno retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado.

La Vicepresidencia de la República; la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; el fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el procurador General, Fernando Carrillo; y el contralor General, Felipe Córdoba,  han rechazado esta solicitud con el argumento que no puede el Estado subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria.

“Aceptar un acuerdo de compensación económica (…) resultaría un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de delitos”, consideró la vicepresidenta Ramírez.

Un emisario de la compañía constructora ofreció $106.000 millones en una reunión que sostuvo con los órganos de control del país.

La vicefiscal María Paulina Riveros indicó que la propuesta fue analizada el martes "y de manera unánime las tres entidades la rechazamos". Riveros detalló que con la propuesta Odebrecht pretendía además frenar "los procesos fiscales, procesos administrativos, procesos disciplinarios" y los que se desarrollan ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Hay dientes

El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, dijo que si “Colombia tiene una ley que sanciona el soborno trasnacional con una inhabilidad hasta de 20 años para las empresas, lo lógico es que esa norma se aplique. Las discusiones jurídicas existen, pero creo que son absolutamente claros los hechos. Hay dos elementos a resaltar: el soborno cometido por Odebrecht no es solamente en unas fechas, sino que el soborno tiene efectos durante toda la vigencia del contrato. El segundo, los hechos que se han ido descubriendo generan un nuevo escenario para que la Superintendencia de Sociedades analice la sanción que debe imponer”.