Se cayeron en el Senado de Estados Unidos las enmiendas que había aprobado la Cámara, estableciendo una serie de restricciones a las ayudas de ese país a Colombia para la aspersión aérea a cultivos ilícitos, así como a los recursos para el Esmad. Estas limitaciones habían sido incorporadas al proyecto de ley de Autorización de Defensa Nacional para el 2022, por las denuncias sobre supuestos abusos de la policía en el control de las protestas de abril y mayo últimos en Bogotá y otras ciudades como Cali y Popayán.

La representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, presentó siete enmiendas durante el debate de este proyecto de ley, de las cuales le fueron aprobadas tres por la Cámara en septiembre pasado que tienen que ver con nuestro país.

Dos de estas apuntaban a restringir los desembolsos de ayudas que Estados Unidos hace a Colombia para la aspersión aérea a los cultivos ilícitos; así como a bloquear la venta de equipos y capacitación al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En el caso de las restricciones a las ayudas para la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos, la Cámara norteamericana había aprobado que se evitara que los fondos estadounidenses apoyen esta estrategia, la cual, señala, se ha utilizado para intentar disminuir la producción de cocaína, pero que ha tenido consecuencias devastadoras para la salud y el medio ambiente para el pueblo colombiano.

Sin embargo, si esta enmienda hubiera sido aprobada por el Senado norteamericano, el impacto no habría sido inmediato en Colombia pues las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos están suspendidas desde 2015 por precaución, ante eventuales efectos del glifosato en la salud de las personas y el medioambiente.

Luego, en el 2017, la Corte Constitucional estableció seis requisitos para el gobierno que quisiera reiniciar las aspersiones aéreas, cuidando de prevenir hasta donde sea posible la afectación a la salud de las personas y el medio ambiente. No obstante, la administración Duque sigue trabajando en el cumplimiento de estos requerimientos para iniciar las aspersiones. 

Tampoco la enmienda sobre el Esmad hubiera tenido efectos prácticos en este momento porque este escuadrón no recibe entrenamiento ni ayuda de Estados Unidos; en tanto que la compra de equipos que requiere para su labor la realiza no solo en este país.

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Una tercera enmienda fue la única que sobrevivió, aunque menos ambiciosa que como originalmente fue aprobada por la Cámara, pues establecía que el Departamento de Estado y el de Defensa de Estados Unidos debían entregar un informe en los seis meses siguientes a la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el 2022, en donde se evaluara la situación de derechos humanos en Colombia, relacionada a las muertes que se presentaron durante las jornadas de protesta este año.

Finalmente con el cambio que hizo y aprobó el Senado, dicho informe se limitará a “(...) una descripción de la manera y el grado en que la estrategia de cooperación (...) entre los Estados Unidos y Colombia busca construir la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas (...) colombianas para respetar los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas”.

Ahora el proyecto de ley pasará al despacho del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que proceda a hacer la respectiva sanción.

Recursos a la Policía

Otra incertidumbre que está pendiente por despejarse sobre las ayudas de Estados Unidos tiene que ver con un proyecto de ley que aprobó la Cámara norteamericana en julio pasado, en el cual se condiciona la entrega de US$461 millones a Colombia en el año 2022.

La entrega de recursos de Estados Unidos al Ejército de Colombia está condicionada desde hace varios años al tema de derechos humanos, pero por primera vez se hace a la Policía. 

El representante demócrata Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo en esa oportunidad: "¿Cuál es nuestra responsabilidad aquí en los Estados Unidos? Muchos de mis colegas y yo ya hemos pedido la suspensión de la asistencia directa de Estados Unidos a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos la responsabilidad judicial por la brutalidad policial".

No obstante dicho proyecto de ley debe ser aprobado por la Comisión de Apropiaciones de la Cámara y luego en la plenaria, y ser conciliado con el texto que sea aprobado en el Senado.