Ante los permanentes aumentos en el precio del gas licuado del petróleo (GLP), en la Comisión Quinta se desarrolló un debate de control político, citado por el senador Didier Lobo Chinchilla (Partido Cambio Radical).
Para el senador Lobo Chinchilla, estas alzas afectan a más de 12 millones de usuarios que, en más del 90 por ciento pertenecen a los estratos 1 y 2. “Las constantes alzas de precios mensuales, que han llevado a un incremento de 123 por ciento frente a diciembre de 2020, son insostenibles”, aseguró el congresista.
A renglón seguido, pidió a las autoridades competentes que se regulen los precios, la calidad y la medida de los cilindros de gas, sobre todo en las zonas rurales, porque los campesinos son los más afectados.
Por su parte, Londoño Ulloa explicó que la economía campesina comprende un millón 200 mil familias, dueñas de pequeños predios que producen alrededor de tres millones empleos y el 74 por ciento de los alimentos que consumen los colombianos, “este no es un sector económico despreciable, es uno muy importante”.
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De otro lado, la apreciación del senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal) frente a esta situación fue clara: “No podemos continuar con precios internacionales, el GLP no lo importamos”. Además, afirmó que “la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio también le están faltando al país, no están haciendo lo propio en materia de control y vigilancia, están dejando que el empresariado del sector de hidrocarburos cometa abusos con ocho millones de colombianos”.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, indicó que “efectivamente vemos que se superó esa barrera de los 1.577 pesos por kilogramo, pero no es la primera vez que ocurre. Hay factores importantes como el incremento real de los precios de referencia que han sido ocasionados por el precio del petróleo, pero también veníamos de unos precios muy bajos comparativamente hablando del año 2019, 2020 y principios del 2021”.
De igual forma, Mesa Puyo mencionó que desde el Ministerio se han expedido medidas regulatorias para tratar de resolver esa volatilidad y hacer que sea transmitida de una manera más suave al usuario final, “pero somos conscientes de que esa protección que ofrece la regulación, en este caso, le ha llegado a una parte importante de esos 3,2 millones de usuarios del GLP, pero, infortunadamente, no les ha llegado a todos, y es algo que estamos revisando”.