Gracias a la reapertura de la economía, disminuyeron las solicitudes de insolvencia empresarial, que entre abril y noviembre de 2020 ascendieron a 880, siendo agosto el mes con el mayor número de requerimientos.

Así lo señaló el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, durante una presentación ante empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Liévano indicó que “desde el primero de abril (hasta el 26 de noviembre) hemos recibido 880 solicitudes de insolvencia, donde el pico se observó en agosto con 169 solicitudes. La ayuda del Gobierno y la reapertura han contribuido a que las solicitudes bajen”.

Según los datos de la Superintendencia, del total de solicitudes a nivel nacional, 690 fueron de procesos de reorganización y 190 de procesos de liquidación. Bogotá fue la ciudad donde se dieron más solicitudes con 432, seguido por Medellín con 161, Bucaramanga con 98, y Cali con 96.

El superintendente afirmó que estas 880 solicitudes abarcan 30.947 empleos, de los cuales 28.498 están en procesos de reorganización y 2.449 en liquidación. También representan $9,3 billones en activos, $8,4 billones en pasivos para un total de $883 mil millones en patrimonio.

Según la composición de las empresas, Liévano confirmó la previsión de que esta es una crisis que le pega más duro a las micro y pequeñas empresas. “En el 2018 y 2019 teníamos alrededor de 100 solicitudes de insolvencia mensuales y para el primer trimestre del 2020 estábamos más o menos en 70 y eso era muy bueno ya que mostraba que íbamos muy bien en el tema económico”, aseguró el funcionario sobre la situación pre-pandemia.

Riesgos

Según los escenarios desarrollados en marzo por la Superintendencia de Sociedades sobre el impacto del covid-19 sobre la economía y sobre las empresas, determinó que entre el 17,8% y 37% estarían en riesgo de insolvencia, donde las micro y pequeñas empresas serían las más afectadas.

Señaló que “dadas las proyecciones para 2020 resolvimos que era necesario hacer tres cosas. En primer lugar, un cambio legislativo en materia de insolvencia que atendiera los aspectos más relevantes de la crisis que eran las pequeñas y microempresas. Segundo, acelerar la virtualidad y el uso de las herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para seguir trabajando. Y tercero, hicimos una pedagogía de crisis”.

Los cambios en materia normativa comprenden el decreto 560 de 2020 que “introduce nuevas instituciones para facilitar la recuperación empresarial y la preservación de la empresa y el empleo sin descuidar el crédito, incluyendo a todos los actores económicos y proporcionando mecanismos financieros novedosos y soluciones extrajudiciales prontas y eficaces”.

También el decreto 772 de 2020 que “crea mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización empresarial e introduce procesos de reorganizaciones abreviados y liquidación judicial simplificados para pequeñas insolvencias”.

Procesos

Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades implementó la primera etapa del Módulo de Insolvencia donde se pueden presentar solicitudes de admisión a los trámites y procesos de insolvencia y esperan completarlo en el primer trimestre de 2021. También se puso en marcha el portal inteligente de Sistema Integrado de Información Societaria (SiiS) que reúne y conecta información financiera para generar alertas contables y financieras, además brinda datos sectoriales y regionales.

El funcionario comentó que “lo último que hicimos fue la pedagogía de crisis y esto es supremamente importante. No se trata de ganar batallas jurídicas, sino de llegar a acuerdos y compromisos económicos que requieren innovación financiera y gerencial. Por lo que hicimos pedagogía para apoyar que la crisis empresarial se supere, preferiblemente por fuera del escenario judicial, o bajo este escenario llegando a acuerdos con innovación gerencial y financiera”.

Según Liévano los seis pilares para la reactivación empresarial son: 1. Las aperturas económicas responsables, 2. Mantener el tejido empresarial con acuerdos entre acreedores y deudores, 3. Creación de instrumentos financieros para las empresas, 4. creación de beneficios fiscales, 5. Modificación del régimen general de sociedades y 6. Incorporar la legislación de manera permanente de los decretos 560 y 722 de 2020.