* Ojo a deuda billonaria y escasez de medicamentos
* Urge diferenciar entre lo urgente y lo importante
El sistema de salud en Colombia se encuentra bajo la lupa. No solo por la controversia alrededor de la proyectada reforma que quiere impulsar el Gobierno sino porque varios de sus principales actores han lanzado alertas tempranas sobre algunas falencias estructurales y coyunturales que se han venido agravando en los últimos meses.
De hecho, días atrás en el Congreso se dio un intenso debate en donde quedó claro que no hay unanimidad de criterios frente a qué clase de ajuste requiere el sistema de aseguramiento en el servicio de salud para mejorar su cobertura, calidad y eficiencia. Mientras que desde las filas de la oposición acusaron a la ministra del ramo de estar ideologizando esta política pública, desconociendo las bondades del modelo de prestación e incluso agravando la crisis para tener un terreno abonado para aplicar su visión de reingeniería total, en las toldas oficialistas se replicó que hay fallas graves en materia de arquitectura del esquema, sostenibilidad financiera y eficacia de la asistencia médica, debilidades que se hicieron más patentes a partir del coletazo pandémico.
La polémica derivó, incluso, en poner en duda la credibilidad de encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de salud así como en cuestionar varias clasificaciones internacionales en donde se ubica a Colombia en la parte alta de la tabla a nivel latinoamericano e incluso mundial.
Lo cierto es que, en el fondo, la discusión no se centra en la necesidad o no de la reforma, ya que existe un punto de consenso en torno a que se necesita un ajuste. Sin embargo, mientras que para algunos sectores la reforma debe ser a fondo y modificar toda la estructura del sistema, llegando incluso a generar uno nuevo, otros son de la opinión de que la actual arquitectura ha demostrado su viabilidad y que, bajo la filosofía de construir sobre lo construido, lo que procede es aplicar los correctivos del caso para solventar las deficiencias.
Resulta evidente que mientras no se defina esa discusión será imposible establecer qué va a pasar con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), cuál será el rol la red prestadora de servicios (clínicas y hospitales), cómo aumentar la cobertura del aseguramiento, la mejor forma de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, los mecanismos que deben aplicarse para mejorar la calidad y pertinencia de la atención médica básica y especializada, las medidas a implementar para hacer más eficiente el enfoque de salud preventiva, aumentar la eficacia de la focalización de subsidios en población vulnerable, los ajustes requeridos a nivel departamental y municipal en el esquema sanitario y hasta la ejecución eficiente del Plan Decenal de Salud, entre muchos temas clave.
Sin embargo, mientras esta controversia se resuelve, hay asuntos urgentes por abocar. Prueba de ello es el campanazo que dio la Procuraduría General que urgió a los ministerios de Salud y Hacienda, así como al Departamento de Prosperidad Social, tomar medidas inmediatas para superar problemas de financiamiento así como de escasez de medicamentos, insumos y de dispositivos médicos que se han registrado este año y que, obviamente, afectan el acceso oportuno a la prestación de los servicios de los afiliados y beneficiarios en los regímenes contributivo y subsidiado.
Ya en materia de medicamentos la cartera del ramo anunció semanas atrás algunas medidas para hacer frente a la escasez. En cuanto a los problemas de financiamiento, este es un asunto de mayor complejidad pese a algunos salvavidas económicos autorizados recientemente. Tras el duro impacto de la pandemia de covid-19 en todo el sistema, es claro que se han quedado cortos los alcances de la estrategia de “Punto Final” activada por el anterior gobierno para clarificar y disminuir el cuello de botella en el flujo de recursos entre las EPS y la red pública y privada de clínicas y hospitales. De hecho, la deuda de las primeras con las segundas ya sobrepasó los 16 billones de pesos, casi una tercera parte más que el monto de comienzos de año.
Como se ve, más allá del pulso técnico y político por el alcance de la proyectada reforma al sistema de salud, que podría tardar un año en ser aprobada, reglamentada y empezar a aplicarse, hay asuntos prioritarios que requieren medidas para el aquí y el ahora. Asuntos que tienen un impacto directo en la funcionalidad, oportunidad y calidad de la asistencia médica a todos los colombianos. Hay, en consecuencia, que actuar en los dos frentes: en lo urgente y lo importante.