Naufragio del POT | El Nuevo Siglo
Miércoles, 8 de Diciembre de 2021

+ El abismo de las recusaciones en Bogotá

* ¿Todavía se puede salvar la concertación?

 

Para una ciudad como Bogotá, con instituciones fuertes, un estatuto constitucional especial y una creciente distinción entre las urbes latinoamericanas por sus características innovadoras, económicas, culturales, sociales e incluso ambientales, es por supuesto lamentable que un tema tan crucial como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no haya podido emitirse por la vía ordinaria y con base en la concertación.

No en vano la responsabilidad al respecto, de todas las entidades administrativas e inclusive de las fuerzas vivas de la capital, era superlativa. En efecto, se trataba nada menos que de adoptar la estrategia consensuada e integral de una metrópoli que, además, hace parte de una conurbación que aglutina a más de once millones de habitantes, cuyo Producto Interno Bruto se acerca al 30 por ciento del país. Y que, asimismo, no solo tiene la mayor oferta de empleo nacional, sino que goza de un tejido incomparable de servicios educativos y salud. De hecho, Bogotá como se sabe, reporta una cifra altamente positiva de los tributos colombianos y mantiene un registro bien calificado en el manejo de sus finanzas públicas.

En suma, la importancia del POT venía de antemano dada por la magnitud y condiciones de una dinámica urbana cada día más exigente. Y que, aun en medio de las dificultades de un conjunto ciudadano tan disímil, mantiene una vocación de futuro indeclinable. Por ello, muchas esperanzas estaban cifradas en aquel instrumento estratégico ya que, a partir de los debates y acuerdos, podía darse claridad al horizonte y establecerse debidamente las nuevas reglas del juego. Mucho más cuando la pandemia del coronavirus ha erosionado, en no poca medida, la existencia bogotana y por ende del área metropolitana, con sus dramáticas secuelas económicas y sociales.

De este modo, es claro que se necesitaba, en primer lugar, una dosis significativa de alta política, proclive a la concertación, a fin de no perder esa oportunidad de oro de conciliar la multiplicidad de intereses ciudadanos en torno de adecuar la gobernanza capitalina, ajustar la oferta de bienes y servicios a las necesidades, y establecer, entre otros, la llamada economía del cuidado tan en boga hoy en el mundo. Pero aun en mayor proporción se trataba, por igual, de introducir las variables ambientales impostergables de la organización territorial bogotana como el combate del cambio climático, proteger la huella ecológica principal y lograr la estructuración irrestricta de la sostenibilidad citadina. Es decir, cumplir con los lineamientos modernos de la apropiación y manejo del territorio que han sido, precisamente, uno de los factores anómalos que han incidido más gravemente en el calentamiento global, a cuenta de la desordenada urbanización planetaria desde la revolución industrial. Todavía peor en América Latina.   

En esa dirección, había que encontrar soluciones acertadas y mancomunadas para acoplar varios de los puntos más sensibles del amorfo modelo económico bogotano a los ingentes requerimientos ambientales y hacerlo de forma pedagógica a propósito de lograr una asimilación legal eficaz por vía de la cultura ciudadana. No era, pues, un tema menor, no solo ordenado hace lustros en la legislación nacional, sino además una de la patas de la mesa con miras a la apremiante modernización institucional de la ciudad.

Todo eso se vino de repente a pique cuando, en principio, se había venido avanzando diligentemente entre la Alcaldía Mayor y el Concejo Distrital. Porque sumidos, tanto los integrantes de la administración como los mismos concejales en una feria inverosímil de recusaciones e inhabilidades, aparentemente ineludibles, se fueron evadiendo los debates esenciales del POT. Hasta llegar al exabrupto de pretermitir las fechas señaladas en la ley para expedir la reglamentación por la vía ordinaria. Ahora se echan las culpas unos a otros, en un espectáculo peor.

Desde luego, para el caso, está contemplado el método extraordinario de emitir el POT por decreto distrital. Ya en ocasiones anteriores había quedado planteado el mismo escenario, cuando la alcaldesa actual le pidió, siendo candidata, al burgomaestre anterior que no fuera a proceder de esa manera. Y así fue.

Pero hoy gravita el hecho insoslayable de que la ciudad no puede permanecer ad infinitum sin esa legislación crucial. Ya son muchos los años que Bogotá se ha visto desprovista de ella. Otra posibilidad es emitir el decreto, incluyendo las modificaciones ya adelantadas por el Concejo. Y una última opción consiste en citar, por parte de la administración, mesas de trabajo informales que permitan retomar el consenso antes de decretar la norma.

Claro, para todo ello se requiere voluntad política entre todos.  Que es precisamente de lo que hoy más se adolece en Bogotá.